El Gobierno Provincial informó este martes 22 de septiembre de 2026 que se concretó el pago del estímulo mensual correspondiente a agosto del Programa Asistencia Perfecta. La medida alcanzó a 63.971 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares —pertenecientes tanto a la gestión pública como a la privada— que no tuvieron faltas en todo el mes o que registraron únicamente una inasistencia.
De acuerdo con los datos brindados por el Ejecutivo provincial, de la totalidad del personal beneficiado, 55.923 agentes registraron asistencia perfecta, mientras que 8.048 asistieron a sus puestos con una sola falta. Para cubrir estas asignaciones, la Provincia destinó una inversión total de $8.933.583.887.
LOS MONTOS LIQUIDADOS SEGÚN LA CATEGORÍA Y EL NIVEL DE ASISTENCIA:
Desde la administración provincial detallaron los importes abonados para el período de agosto según la función y el número de ausencias:
Para quienes tuvieron asistencia perfecta (sin ausencias):
-
Cargos directivos y de supervisión: $241.679
-
Jornada completa: $181.260
-
Cargo docente de hasta 352 puntos: $120.839
-
Hora cátedra de nivel superior: $10.072
-
Hora cátedra de otros niveles: $8.058
Para quienes registraron solo una inasistencia:
-
Cargos directivos y de supervisión: $120.840
-
Jornada completa: $90.630
-
Cargo docente de hasta 352 puntos: $60.419
-
Hora cátedra de nivel superior: $5.036
-
Hora cátedra de otros niveles: $4.029
EL PROGRAMA ASISTENCIA PERFECTA:
La iniciativa se compone de dos esquemas de incentivos —uno mensual y otro trimestral— diseñados para reconocer el cumplimiento presencial de los educadores en las aulas. La medida fue concebida como una estrategia pública orientada a generar ahorro y a recortar los altos índices de ausentismo que se contabilizaban en el sistema educativo con anterioridad a su implementación.
A su vez, el decreto de creación del programa puntualiza que el Estado tiene la obligación de asegurar un acceso equitativo a una formación de calidad. Con ese fin, la normativa faculta a promover las medidas que resulten necesarias para prevenir escenarios de marginalidad, discriminación o cualquier modalidad de segregación —originadas en aspectos culturales, socioeconómicos, geográficos o de otra índole— que puedan limitar la posibilidad de aprender y disfrutar del derecho a la educación.
