El gasto del Estado argentino destinado a salud sexual y reproductiva cayó un 57% desde 2023, según el Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) a través del Proyecto Mirar y publicado en septiembre de 2026.
El informe analiza la situación del acceso al aborto durante 2025 y parte de 2026 y reúne información obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública a autoridades sanitarias nacionales y provinciales, además de otras fuentes públicas y monitoreos de organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los principales datos señalados es la reducción del 57% en el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable, acompañada por una disminución en la cantidad de métodos anticonceptivos adquiridos por el Estado.
Según las estimaciones incluidas en el reporte, la cantidad de mujeres alcanzadas por esos métodos habría pasado de 1,2 millones en 2024 a unas 63.000 proyectadas para 2026, lo que representa una reducción estimada del 93%.
El informe calcula que esta disminución implicaría 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales. A partir de un modelo elaborado por sus autores, también estima que podrían producirse 240.000 embarazos no intencionales adicionales y 112.000 abortos que podrían haberse evitado.
El mismo modelo proyecta 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales potencialmente evitables. Se trata de estimaciones realizadas a partir de los cambios en la cobertura anticonceptiva y no de muertes o abortos registrados como consecuencia directa de la reducción del gasto.
LOS ABORTOS REGISTRADOS DURANTE 2025
En relación con el acceso a las interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE), el reporte contabilizó 87.603 interrupciones en 20 provincias durante 2025, correspondientes al subsector público. El informe señala que la cifra no presentó cambios significativos respecto de 2024 en esas mismas jurisdicciones.
La tasa estimada fue de 7,45 interrupciones cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente similar a la registrada en 2023, cuando había sido de 7,49.
Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba concentraron el 72% de las interrupciones informadas.
El relevamiento también registró que durante 2025 había 1.846 efectores del sistema público que garantizaban el acceso a las IVE/ILE. En 11 provincias, al menos el 90% de las interrupciones se realizaron hasta las 12 semanas de gestación.
Otro de los aspectos relevados está relacionado con la disponibilidad de medicamentos e insumos. El informe señala que, ante la discontinuidad de la compra nacional de medicamentos para los servicios de aborto, 13 provincias continuaron garantizando el acceso con recursos de sus propios presupuestos.
En cuanto a los canales de información, el reporte indica que solamente seis jurisdicciones contaban con un teléfono gratuito, WhatsApp o correo electrónico específico para responder consultas sobre IVE/ILE.
Además, las consultas vinculadas con interrupciones del embarazo representaron el 94% de las llamadas recibidas por la línea nacional 0800SaludSexual, y la mayoría correspondió a personas que manifestaban dificultades para acceder a los servicios.
El reporte fue elaborado por Agustina Ramón Michel, Silvina Ramos, Mariana Romero, Sonia Ariza, Celeste Benetti Catarineu y Daniela Guberman. La ficha institucional de CEDES indica que fue publicado en septiembre de 2026 y que fue incorporado al repositorio el 24 de septiembre de 2026.
