La diputada provincial socialista Lionella Cattalini ingresó en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe un proyecto de Ley de Enjuiciamiento de Jueces y Procuradores del Poder Judicial, y de Fiscales y Defensores del Ministerio Público . La iniciativa busca adecuar la legislación provincial al nuevo marco normativo establecido por la reforma constitucional de 2025 y fijar un sistema de juzgamiento unificado, oral y público .
El proyecto reglamenta lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de la carta magna provincial con el objetivo de sustituir el esquema tradicional, en el cual el juzgamiento de los jueces dependía de la Corte Suprema y el de fiscales y defensores recaía en la Legislatura . "Es un cambio de paradigma: los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas", afirmó Cattalini .
INTEGRACIÓN DEL JURADO Y CAUSALES DE REMOCIÓN
La iniciativa establece que el Jurado de Enjuiciamiento estará conformado por un ministro de la Corte Suprema, el Fiscal General o el Defensor General (según el órgano al que pertenezca el acusado), dos jueces, fiscales o defensores, seis legisladores (tres senadores y tres diputados garantizando la representación de las minorías) y dos abogados matriculados .
Las causales para promover la destitución serán la comisión de faltas graves o de delitos dolosos . Entre las conductas catalogadas como faltas graves figuran la ignorancia manifiesta del derecho, el incumplimiento de los deberes del cargo, la intromisión en investigaciones ajenas, el abuso de autoridad y el desorden de conducta privada incompatible con la función . Para los integrantes del Ministerio Público se contemplan además causales específicas, como la negligencia en la colecta de pruebas o el perjuicio grave a la persecución penal y al derecho de defensa .
PROCEDIMIENTO, PLAZOS Y EFECTOS DEL FALLO
El esquema propuesto contempla un proceso acusatorio con garantías para la defensa técnica y fija un límite de 12 meses de duración total desde el inicio del trámite hasta el veredicto, vencido el cual el proceso caducará de pleno derecho . Asimismo, durante el desarrollo del juicio se podrá disponer la suspensión preventiva temporal del imputado con la reducción del 50% de sus haberes .
En caso de dictarse la destitución, la sancón generará la extinción de la relación laboral sin indemnización y una inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a las que hubiera lugar .
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EL PROYECTO DE LEY COMPLETO:
