El conflicto entre el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y distintos sectores de la abogacía sumó un nuevo capítulo. Tras las declaraciones del mandatario provincial, la respuesta de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y la posterior réplica del gobernador, se pronunció de forma institucional el Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial de Reconquista.
EL MARCO DE LAS DECLARACIONES Y CÓMO COMENZÓ LA POLÉMICA
La controversia se inició el 30 de septiembre en Rosario, durante la apertura de una jornada sobre flujos financieros ilícitos y lavado de activos realizada en el Complejo Cultural El Túnel. En ese escenario, tras destacar la reducción en los índices de homicidios en la provincia, Pullaro planteó que la siguiente etapa en la lucha contra el crimen organizado debía enfocarse en golpear las estructuras económicas de las bandas y afirmó: "El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y contadores que son parte de estas organizaciones criminales".
Sus dichos provocaron la inmediata reacción de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, entidad que emitió un comunicado en rechazo a las expresiones del mandatario, advirtiendo que ponían en riesgo la independencia judicial y recordando que la defensa técnica es un derecho constitucional.
LA RÉPLICA DEL GOBERNADOR
El 1 de octubre, al encabezar la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales en Rosario, Pullaro redobló las críticas y respondió al comunicado de los profesionales rosarinos: "Que no se hagan los zonzos. Tienen muy claro de quiénes les estamos hablando", sostuvo, ratificando que sus cuestionamientos apuntan a los profesionales que integran o asesoran a las redes delictivas.
LA POSTURA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE RECONQUISTA
Ante la escalada del debate, el Directorio del Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial de Reconquista emitió un comunicado institucional manifestando su expreso rechazo a las declaraciones del gobernador respecto al ejercicio de la abogacía y su vinculación con el crimen organizado.
Desde la entidad remarcaron que, si bien comparten la necesidad de combatir con firmeza el delito para preservar la convivencia social, la lucha contra la delincuencia debe llevarse a cabo dentro del Estado de Derecho y bajo el respeto irrestricto de las garantías constitucionales.
En ese marco, la institución enfatizó que la defensa técnica constituye una garantía constitucional indispensable para asegurar un proceso penal legítimo. "Los abogados penalistas no defienden delitos: defienden el derecho de toda persona a ser juzgada conforme a la ley", subrayaron desde el Directorio.
Asimismo, manifestaron su rechazo a cualquier intento de asociar a los profesionales con estructuras criminales por el solo hecho de asumir la defensa de personas imputadas en causas complejas.
En cuanto al cumplimiento de la ley, el Colegio aclaró que si existen elementos de prueba que indiquen que un profesional —sea abogado, contador o de cualquier otro rubro— participa en actividades delictivas o en maniobras de lavado de activos, la Justicia debe investigarlo, imputarlo y sancionarlo. Sin embargo, remarcaron que perseguir el delito es sustancialmente distinto a asociar el ejercicio de una profesión con la pertenencia a una estructura criminal.
Por último, la entidad con sede en Reconquista solicitó que el debate público sobre seguridad y justicia se desarrolle con respeto hacia todos los actores del sistema, evitando expresiones estigmatizantes y generalizadoras hacia una profesión que cumple un rol esencial en el sistema republicano.
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EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA IV CIRCUNSCRIPCIÓN DE RECONQUISTA
