María Itatí Aquino, de 23 años, fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento como responsable penalmente del delito de comercialización de estupefacientes, en el marco del juicio oral y público desarrollado en los tribunales de Reconquista. Vale recordar que ese delito se reprocha con pena de 4 a 15 años de prisión.
El veredicto fue dado a conocer el viernes 9 de octubre de 2026 por el juez penal Gonzalo Basualdo, tras un debate oral que se extendió durante tres jornadas. La acusada llegó al juicio en libertad y, una vez conocida la condena, se retiró sin que se dispusiera su detención inmediata.
Durante los alegatos finales, el fiscal Sebastián Galleano había solicitado una pena de 6 años de prisión efectiva, mientras que el defensor particular Gabriel Micheloud pidió la absolución de su asistida por el beneficio de la duda.
Además, la Fiscalía había requerido que, en caso de condena, se dictara la prisión preventiva de Aquino. Sin embargo, esa solicitud no fue resuelta favorablemente durante la audiencia, por lo que el Ministerio Público adelantó que promoverá una nueva audiencia para insistir con esa medida cautelar.
JUICIO HISTÓRICO
Fue la primera vez que en los tribunales provinciales de Reconquista se desarrolló un juicio oral y público por venta de estupefacientes al menudeo (microtráfico). Hasta aquí, todas las sentencias habían salido mediante acuerdos en procedimientos abreviados, sin llegar al debate público.
La investigación se inició en 2024 bajo la conducción del fiscal Juan Sebastián Marichal, quien llevó adelante la etapa inicial de la causa y concluyó la Investigación Penal Preparatoria antes de la conformación de la Unidad Fiscal de Microtráfico que ahora lidera el fiscal Sebastián Galleano, quien -ante la falta de acuerdo entre las partes- se ocupó de presentar la acusación y pidió la elevación a juicio oral y público.
LA ACUSACIÓN
Fiscalía sostuvo que Aquino comercializaba cocaína desde una vivienda ubicada en el barrio Virgen de Guadalupe de Reconquista, al menos hasta el 24 de junio de 2024, cuando allanaron ese domicilio.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público presentó tareas de vigilancia policial, registros audiovisuales y las pruebas obtenidas durante el allanamiento, cuando secuestraron 1,646 Kg de cocaína, dinero en efectivo, dos balanzas digitales, anotaciones vinculadas a la actividad ilícita y un teléfono celular.
Asimismo, durante el juicio se exhibieron videos en los que, según la Fiscalía, podían observarse intercambios de dinero por pequeños envoltorios u objetos compatibles con maniobras de venta de estupefacientes.
LA DEFENSA
El abogado Gabriel Micheloud centró su estrategia en cuestionar la atribución de responsabilidad sobre los elementos secuestrados. Si bien no discutió la existencia de la droga, las balanzas ni el dinero hallado durante el allanamiento, sostuvo que ello no alcanzaba para demostrar que Aquino fuera quien disponía de esos elementos o desarrollaba la actividad ilícita investigada.
Insistió en la necesidad de acreditar la existencia de compradores vinculados directamente con la acusada, comunicaciones relacionadas con operaciones de venta y una conexión concreta entre Aquino y la presunta comercialización. En ese contexto, solicitó la absolución por el beneficio de la duda.
De manera subsidiaria, planteó que, en caso de una eventual condena, se valoraran las circunstancias personales y familiares de su asistida. En particular, destacó que Aquino es madre de una niña menor de edad que convive con ella y se encuentra bajo su cuidado, razón por la cual anticipó que solicitaría el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Con la sentencia conocida este jueves, la causa marcó un antecedente para la implementación de la persecución penal del microtráfico en el norte santafesino, aunque la situación procesal de la condenada aún deberá definir un aspecto central: si continuará en libertad mientras el fallo adquiere firmeza o si la Fiscalía logra que se dicte su prisión preventiva en una próxima audiencia.
PÉRDIDA DE TIEMPO PARA ATENDER OTROS CASOS
Al inicio del juicio, el fiscal Galleano había formulado una reserva para solicitar medidas cautelares en caso de una sentencia condenatoria (la inmediata detención preventiva, para evitar que fugue), pero el juez "Basualdo eligió diferir esa cuestión a otro momento procesal. Veremos cómo continúa", sostuvo el representante del MPA.
Podría traducirse que, con su decisión, Basualdo derrocha tiempo del caro minuto judicial. En lugar de resolver la medida cautelar al cabo del juicio, con la mente fresca en el caso y la posibilidad de determinar conociendo el perfil de la persona que él mismo condenó, ahora el Ministerio Público de la Acusación tiene que pedir otra audiencia para que un juez resuelva esa cuestión puntual. Y en la cola hay decenas de miles de casos sin resolver y ciudadanos esperando una respuesta del Poder Judicial. Se siguen ocupando de los mismos y no de los otros que esperan.
Ahora el Ministerio Público de la Acusación tiene que pedir otra audiencia para que un juez resuelva esa cuestión puntual. Y en la cola hay decenas de miles de casos sin resolver y ciudadanos esperando una respuesta del Poder Judicial. Se siguen ocupando de los mismos y no de los otros que esperan.
Abajo, otras DOS FOTOS: del juez Basualdo y del fiscal Galleano:
A continuación, otras TRES FOTOS que muestran pruebas secuestradas y la realización del allanamiento realizado en junio de 2024.
