En los tribunales de Reconquista se llevó a cabo la primera audiencia imputativa aplicando el nuevo código penal juvenil a un chico de 15 años acusado de abuso sexual en perjuicio de dos menores de edad de su entorno familiar.
Ya imputado, el juez penal Sergio Olivera ordenó la prisión preventiva en un instituto cerrado dependiente de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. —en principio— por 90 días, cuando se podrá volver a discutir la medida cautelar impulsada por la fiscal de Menores Mercedes del Sastre.
Actualmente, el joven permanece alojado en un instituto cerrado dependiente de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, MPA, explicó que la audiencia tuvo como principal objetivo informar formalmente al chico sobre el hecho que se le atribuye y garantizarle el conocimiento de sus derechos, en un procedimiento similar al que se aplica a personas mayores de edad.
Del acto judicial participaron la Fiscalía, la Defensa Pública, las víctimas, los adultos responsables del adolescente, representantes de los organismos de niñez y personal de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, sin presencia de la prensa.
Desde el MPA informaron que avanzarán con distintas medidas probatorias, entre ellas, la realización de entrevistas en Cámara Gesell a las presuntas víctimas, mecanismo especialmente diseñado para recibir testimonios de niños y adolescentes en condiciones de protección y resguardo. Además, se prevén análisis genéticos, declaraciones testimoniales y otras diligencias investigativas.
En cuanto a las garantías procesales del joven, la funcionaria indicó que estuvo asistido por la Defensa Pública, acompañado por una abuela que ejerce su guarda y bajo la intervención de los organismos de protección de niñez, que también tendrán a su cargo la ejecución y seguimiento de la medida judicial.
Es el primer menor imputado en prisión por abusos sexuales en la IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe (Región Reconquista) bajo las nuevas disposiciones aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal, procedimiento que establece una intervención específica de organismos especializados y un régimen diferenciado respecto del sistema penal de adultos.
