La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de reforma que actualiza y amplía el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, una iniciativa acordada entre diversos bloques legislativos y el Poder Ejecutivo orientada a optimizar los controles y fijar consecuencias concretas ante el incumplimiento de la cuota alimentaria.
Al defender la propuesta en el recinto, la diputada socialista Lionella Cattalini señaló que "reconocer judicialmente un derecho alimentario no tiene sentido si después no se cumple en forma efectiva y a tiempo", y recordó cifras de UNICEF que indican que el 56% de las mujeres que no conviven con los padres de sus hijos no percibe la cuota alimentaria, mientras que el 68% la recibe de manera irregular.
La modificación legislativa establece que el registro existente en la provincia pasará a depender del Poder Ejecutivo. Mediante un sistema digital, gratuito e interoperable, centralizará la información sobre las obligaciones alimentarias y registrará si estas se cumplen, incorporando un apartado específico para los deudores morosos con el fin de facilitar el acceso a datos actualizados para la Justicia y los organismos públicos.
Aquellos ciudadanos incluidos en el registro de deudores morosos se enfrentarán a diversas restricciones, tales como la imposibilidad de postularse como candidatos a cargos electivos, la prohibición de cobrar premios de juegos de azar y limitaciones para acceder a estadios de fútbol de primera división, además de otras medidas vinculadas a trámites y beneficios estatales.
"Estamos hablando de deudas que no son como cualquier otra. Detrás de cada cuota que no se paga hay derechos que quedan sin cubrir: la vivienda, el transporte, la educación o algo tan básico como unas zapatillas", enfatizó Cattalini. Asimismo, valoró el consenso multipartidario y los aportes del Ejecutivo para construir la iniciativa, subrayando que la obligación alimentaria "no es un chiste" y que el Estado no puede dejar solos a los grupos familiares en las gestiones de rastreo de ingresos y empleos. "Esto es un avance importante para garantizar los derechos de niñas y niños, y también para que las familias tengan respuestas. La cuota alimentaria no es una ayuda ni una concesión: es un derecho y una obligación que se tiene que cumplir", concluyó.
