El secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, cuestionó que una plataforma privada, VISEC, se convierta en árbitro de quién puede vender a Europa y en qué condiciones. Lo planteó en una columna de opinión, donde sostuvo que el productor argentino no puede seguir pagando las decisiones de otros.
UNA BARRERA QUE CRA RECHAZA
Luna Vázquez calificó al Reglamento (UE) 2023/1115, que tiene fundamento ambiental, como una barrera paraarancelaria que perjudica a uno de los productores más eficientes del mundo. Según planteó, pasa por encima del orden jurídico argentino, al punto de descalificar campos que la ley nacional y las provincias habilitaron legalmente. Recordó que el canciller Pablo Quirno lo llamó "neoproteccionismo ambiental" y dijo que CRA coincide con esa definición.
El dirigente agregó que oponerse a la norma en los discursos y, en los hechos, alinearse detrás de una plataforma privada no es una postura sino una resignación. Para CRA, afirmó, el gremialismo consiste en sostener principios aunque resulten incómodos.
"EUROPA EXIGE INFORMACIÓN, NO EXIGE VISEC"
Mientras la norma esté vigente, planteó, el productor que quiera vender a Europa debe poder hacerlo sin quedar cautivo de nadie. Diferenció cumplir una exigencia externa, que impone Europa, de aceptar que una plataforma privada defina las condiciones, algo que no surge de ninguna norma y es una decisión de parte.
Explicó que el Reglamento, aplicable desde el 30 de diciembre de 2026, pone la diligencia debida en cabeza de los operadores que introducen los productos en el mercado europeo. No obliga al productor argentino a inscribirse en VISEC, no la designa autoridad de validación ni crea un sistema privado único. Por eso, según Luna Vázquez, presentar esa adhesión como consecuencia inevitable de la norma confunde una obligación legal con una solución comercial privada.
LAS ALTERNATIVAS QUE YA EXISTEN
El secretario de CRA señaló que hay otras opciones. La Secretaría de Agricultura creó, por la Resolución 50/2024, un Directorio de Esquemas de Diferenciación, para promover la pluralidad. Además, la plataforma Santa Fe Produce Sustentable demuestra que las provincias pueden construir herramientas públicas con sus propios registros. Recordó que el canciller defendió la libertad de cada productor para elegir el sistema con el que acredita la trazabilidad ante el importador europeo, y la competencia entre soluciones como forma de bajar costos. Se preguntó entonces por qué se pretende instalar que solo una plataforma privada es válida.
DESCUENTOS EN LA HACIENDA
Para Luna Vázquez, la respuesta está en el precio. Según los reclamos que CRA recibe de manera constante, frigoríficos exportadores estarían condicionando la compra o el precio de la hacienda a la inscripción en VISEC Carne, con descuentos sobre el valor de toda la res. Cuestionó la justificación, ya que a Europa solo van determinados cortes.
Comparó la situación con la soja, donde los esquemas diferenciados reconocieron premios, mientras que en la carne el productor recibe un castigo. Aclaró que CRA no cuestiona que un producto diferenciado valga distinto, sino que un grupo de frigoríficos use su posición de compra para imponer una adhesión privada. Dijo que no hay libertad de elegir si quienes concentran la mayor parte de los embarques aceptan una sola plataforma y castigan a quien elige otra. Esas prácticas, advirtió, merecen analizarse desde la defensa de la competencia, y CRA no descarta promoverlo.
EL ROL DE LAS PROVINCIAS
El dirigente señaló que se omiten cuestiones institucionales. La Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales (art. 124), y la Ley 26.331 les asigna el ordenamiento de los bosques nativos y la autorización de los cambios de uso del suelo. Son ellas las que determinan, mediante actos administrativos, la legalidad de lo que se produce en su territorio, y el propio Reglamento europeo admite evaluar el riesgo por países "o partes de ellos". Cuando una asociación civil desconoce o reemplaza lo que decide una autoridad provincial competente, afirmó, desconoce también la organización federal del país.
EL ACUERDO CON UATRE
Luna Vázquez extendió la crítica al acuerdo entre VISEC y UATRE sobre una "constancia de legalidad laboral". Sostuvo que el control de la legislación laboral corresponde a las autoridades administrativas del trabajo, dentro del Sistema Integral de Inspección del Trabajo de la Ley 25.877, y que la Ley 23.551 solo permite al delegado acompañar a los inspectores oficiales como veedor. Para el dirigente, la función gremial no es poder de policía, y la adhesión a una plataforma no puede ser una vía indirecta para crear facultades que la ley no reconoce.
EL ESTADO NO PUEDE MIRAR DESDE AFUERA
Según el secretario de CRA, el Estado nacional no puede limitarse a observar. Recordó que, cuando hubo que acreditar condiciones para acceder a mercados, como protocolos sanitarios, cuotas Hilton y 481 o establecimientos habilitados, fue el Estado quien validó su cumplimiento. Se preguntó por qué ahora debe limitarse a ceder datos de sus registros, con un consentimiento difícilmente libre en los términos de la Ley 25.326, ya que negarlo significa no poder vender, y dejar que los particulares definan las reglas. Advirtió que, sin validación pública, el poder de compra se convierte en poder de regulación.
Agregó que Paraguay, Brasil y Uruguay ya desarrollaron herramientas públicas. Y calificó de contradictorio que el Estado reconozca a las exportaciones agropecuarias como su principal fuente de divisas y de recursos fiscales, y luego delegue en otros la validación de las condiciones que permiten generarlos.
LAS PROPUESTAS DE CRA
Por todo esto, CRA propone que, junto a las herramientas privadas, Nación y provincias desarrollen herramientas públicas de validación; que se reconozcan los registros oficiales; que se admitan plataformas interoperables, sin exclusividades; que el productor conserve el control de su información; y que los costos se repartan con equidad. Además, reclamó que nadie pueda usar su posición de mercado para convertir la adhesión a una plataforma privada en una condición comercial impuesta al productor, en beneficio de unos pocos.
Luna Vázquez concluyó que el problema nunca fue que CRA no quiera ver la realidad, sino un modelo en el que otros deciden, administran, controlan y se benefician, mientras el productor paga. Aseguró que la entidad seguirá peleando contra la imposición europea y que tampoco admitirá que el productor argentino quede subordinado a una plataforma privada.
