El martes 10 de noviembre de 2026 se realizó una nueva audiencia en la causa que investiga la venta de información calificada a narcos, lo que cobró notoriedad y se transformó en un "escándalo institucional" (así calificado por fiscales del Ministerio Público de la Acusación) cuando fracasaron 18 allanamientos realizados el 29 de mayo de 2026 en la ciudad de Avellaneda.
Los imputados por el fiscal Sebastián Galleano son los policías (PDI) Stefania Evelin Oviedo y Ariel Fernando Sena, y Ayelén Sabrina Leiva. Los tres siguen en prisión preventiva.
La nueva imputación suma delitos y describe con más detalles las maniobras para filtrar información, ocultarla y entorpecer la investigación judicial.
La audiencia fue presidida por el juez penal Mauricio Martelossi.
Oviedo fue defendida por los abogados Ricardo Degoumois (padre e hijo); Sena por Aldo Gerosa, y Leiva por Juan Bautista Benítez.
NUEVAS EVIDENCIAS
Al terminar la audiencia, el fiscal Galleano explicó que la reformulación surgió del análisis de nuevas evidencias que provienen principalmente de las extracciones de los celulares secuestrados y de la reconstrucción de las conversaciones entre los imputados.
Según el fiscal, las nuevas imputaciones amplían la plataforma fáctica original, incorporan nuevos delitos y ordenan los hechos en distintas etapas.
Una es la presunta filtración, por parte de Oviedo, de información sobre los allanamientos a uno de los objetivos de los procedimientos vinculados con el microtráfico.
La otra son las maniobras desplegadas después para ocultar esa filtración y evitar que se conociera la responsabilidad de los involucrados.
MÁS CARGOS
A los policías Stefania Oviedo y Ariel Sena se les imputó encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos, amenazas coactivas contra personas vinculadas con la denuncia de la filtración con el objetivo de obtener de manera ilegítima un teléfono celular con evidencia que los comprometería. Se agregaron además los delitos de abuso de autoridad y falsificación de instrumento público. Según Galleano, habrían fraguado actas de distintos procedimientos para darle apariencia de legalidad al secuestro de ese celular.
A Ayelén Leiva se le atribuyen coacciones agravadas y encubrimiento. Sostienen los investigadores que presionó a testigos y trabajó para incorporar testimonios falsos para desviar el curso de la causa.
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA
El fiscal remarcó que es una investigación compleja y de larga duración, por la cantidad de dispositivos secuestrados y el volumen de información a analizar.
Aclaró que todavía quedan muchos celulares por examinar y que la nueva evidencia podría llevar a nuevas ampliaciones de las imputaciones.
Cuando termine la investigación, el Ministerio Público de la Acusación presentará la acusación correspondiente para elevar el caso a juicio.
