Dicho documento tiene como objeto la gestión eficaz de los trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público fuera del horarios de trabajo, que tiendan a estimular la reinserción social de las personas y que se establezcan como regla de conducta o condición para otorgar una suspensión del juicio a prueba(art. 76 Ter CP), aplicar un criterio de oportunidad(art. 19 CPP) o conceder una suspensión condicional de la ejecución de la pena(art. 27 bis CP).
Es importante remarcar que el convenio considera que la realización de tareas comunitarias en el marco de determinados institutos previstos en las leyes penales de fondo y de forma, y que se conocer como “salidas alternativas” a la pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo, persiguen que la persona modifique hábitos y patrones de comportamiento y constituyen un vehículo para su resocialización.
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