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Alguien intentó que la menor violada cambie su declaración (a cambio de dinero) y el juez Basualdo mandó a una celda común al policía y al camionero que estaban en prisión preventiva domiciliaria.

El camionero Juan Pablo Martín, 25; y el policía Héctor Adrián Pereyra, 40; imputados por violar sexualmente a una chica de 17 años a la que mantuvieron privada ilegalmente de la libertad en la casa del agente. 
El camionero Juan Pablo Martín, 25; y el policía Héctor Adrián Pereyra, 40; imputados por violar sexualmente a una chica de 17 años a la que mantuvieron privada ilegalmente de la libertad en la casa del agente. 

Se terminó el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria para Juan Pablo Martín y Héctor Adrián Pereyra y fueron remitidos a una celda común por resolución del juez Gonzalo Basualdo.

Al termino de la audiencia, el abogado que se suma a la causa como querellante en nombre de la víctima, Ricardo Degoumois, en declaraciones a ReconquistaHOY sugirió tener en cuenta que uno de los imputados "es funcionario policial, y en atención a haber amedrentado a la víctima con mensajes y hasta ofreciéndole dinero para levantar la denuncia, desde una cuenta de Instagram, hemos solicitado que se modifique esa modalidad de detención preventiva domiciliaria y que vayan a una cárcel común. El magistrado ha tenido por acogida la pretensión de esta querella y de la fiscalía y van a ser remitidos a una cárcel común", al menos hasta que se periten los celulares y las cuentas de las redes sociales de los imputados.

Añadió que en la audiencia ante el Juez de garantías habló uno de los imputados pero "sin mayores precisiones, solamente refirió que él no mando los mensajes, pero bueno, obviamente son de su cuenta de Instagram que esta activa".

También dio su testimonio a ReconquistaHOY el abogado de los imputados, Dr. Rodrigo Chapero, quien refirió al cambio de lugar de prisión porque "la querella incorporó una supuesta prueba de una amenaza que no viene directamente de los imputados y entonces acordamos que se periten las cuentas de Instagram de donde supuestamente vinieron las acusaciones, las amenazas... y bueno... por el plazo de 5 días, vamos a ofrecer los peritos, las pruebas que nosotros tenemos y se va a resolver una vez que esté el dictamen de los peritos, eso fue lo que se acordó" y de esas pericias dependerá si seguirán en una celda común o se les permitirá volver a prisión preventiva domiciliaria.

El defensor añadió que "por los dichos de nuestros defendidos, alguien creó una cuenta trucha lo que es muy fácil hoy con las redes sociales hacerse pasar por otra persona"; remarcó que los imputados le aseguraron que no fueron ellos, y que él les advirtió que si mienten y fueron ellos o alguno de ellos, "va a saltar el lugar de donde salieron las amenazas, hoy es fácil probar de qué lugar, de que domicilio, la ubicación geológica nos determina si es de los domicilios donde se encontraban ellos cumpliendo la prisión domiciliaria, si salió de ahí o no".

Reveló que el mensaje enviado a la víctima por Instagram dice "que retire la denuncia, que se va a pagar, pero no eran amenazas graves, contundentes", pero reconoce que "lamentablemente es un poco más gravoso para los imputados, pero bueno, queremos colaborar con la justicia y que se esclarezca cuanto antes esta situación”.

El fiscal Gerosa expresó que “hay evidencias serias que permiten sostener una sospecha muy fundada que han tenido intenciones de obligarla o convencerla de que modifique su denuncia original inventando una historia para beneficiarse y algunas expresiones que connotan algún tipo de amenaza contra la mujer victima, lo cual significa un cambio en la circunstancia que se había convenido la prisión preventiva domiciliaria y que amerita el encarcelamiento efectivo de las dos personas", lo que será revisado luego de tener los resultados de las pericias.

Para el acusador público "era creíble" la información que aportó la víctima, "las capturas de pantallas que aportó la madre de la menor victima y sus abogados, y se constató por fiscalía el uso de redes sociales pese a la negativa en su momento". Advirtió que si se confirma la sospecha, habría otro delito.

Héctor Adrián Pereyra, 40, es policía la Oficina de Trata de Personas, y Juan Pablo Martín, 25, es camionero. Ambos están detenidos desde la tarde del jueves 09 de mayo de 2019 luego que allanaron sus respectivos domicilios, en la manzana 9, casa 159 del Barrio 314 Viviendas, donde secuestraron elementos de interés para la investigación y llevaron detenido al policía Héctor Pereyra, 40; y en Sarmiento 592 donde también secuestraron elementos de interés para la investigación y sacaron detenido al camionero Juan Pablo Martín, 25.

Pereyra y Martín están imputados por dos delitos: privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 17 años de edad.

Según la denuncia, la menor había mantenido una relación de noviazgo con el camionero Martín, quien la llevó a la casa del policía Pereyra en el Barrio 314 viviendas donde abusaron de ella (abuso sexual con acceso carnal) y ante su enojo por no haber consentido lo que le hicieron, la dejaron encerrada bajo llave durante muchísimas horas. Pereyra estaba con el arma reglamentaria, y luego de tenerla encerrada, la hizo subir al patrullero con el que la trasladó hasta cerca de la casa donde la liberó, remarcándole que no debía denunciar lo que pasó.

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