Convencidos que ya tienen suficientes pruebas para llevarlos a juicio, los acusadores -que son el fiscal Nicolás Maglier y el abogado querellante por la empresa damnificada, Andrés Ghio- acordaron con los defensores que los imputados puedan esperar el juicio en libertad, ya que estiman que no van a fugar ni entorpecer la investigación; de todas maneras, tienen diez días de plazo desde la audiencia realizada el viernes 21 de mayo de 2021, para garantizar las libertades, tal lo dispuso el juez de la investigación penal preparatoria, Gonzalo Basualdo.
El abogado Hernán Agú y su hijo, el contador Emilio Agú, garantizarán sus libertades con 300 millones de pesos, para lo cual ofrecieron embargar el campo "La Nochera", propiedad de Agú padre, quien además tiene prohibido acercarse a su establecimiento porque es uno de los lugares donde secuestraron hacienda robada.
Rubén Balzaretti y sus tres hijos (Leonardo, Jesús y Diego) deben garantizar $1.600.000.-; Juan José Madera $400.000.- y el único que recuperó la libertad sin fianza es el peón rural Darío Osvaldo Acevedo, 29.
"Todos los imputados van a ir a juicio y hay sobradas pruebas para que sean condenados", sostuvo en ReconquistaHOY el Dr. Andrés Ghio, quien representa al italiano Domingo Iannuzzi, principal damnificado, quien denunció la faltante de 2.000 cabezas de ganado vacuno de su campo lindero al del ex diputado provincial Hernán Agú.
Hay que poner un freno al robo de hacienda y demás delitos rurales.
Urge que el Estado proteja a los que producen.
Los delitos rurales son insoportables para quienes invierten sin otra opción que hacerlo al paso de todos, al costado de cualquier camino; y muchas veces desprotegidos por el mismo Estado al que sostienen.
En nuestro Norte Santafesino son varios los condenados por abigeato y otros delitos rurales, pero recién este mes de mayo de 2021 comenzó a cumplir la condena de cárcel efectiva quien fuera el primer condenado en juicio oral y público desde que en 2014 se implementó en la Provincia de Santa Fe el sistema penal vigente.
Fue noticia estos días que se dispuso la detención del Sr. Omar Américo Arce, para que comience a cumplir la condena de cárcel efectiva precisamente por delitos cometidos en 2014 y 2015 contra varios productores de nuestra zona. Aquí se puede apreciar la velocidad del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Esa fue la respuesta del Estado santafesino frente a un delito tan recurrente como este.
Casi la totalidad de las condenas desde que existe el nuevo sistema penal en la provincia (febrero de 2014), son en procedimientos abreviados; es decir que en la práctica, casi todos los que cometen delitos en el territorio santafesino y son identificados y condenados se benefician con reproches menores o muy menores de los que les correspondería de tener un Poder Judicial con capacidad de respuesta frente al caudal de delitos y la cantidad de malvivientes. Y vale mencionar que se establece condena para una ínfima minoría de los hechos denunciados, ni el 2%!!!.
El Poder Judicial puede y debe hacer más para frenar los delitos rurales
La ley argentina dice en el artículo 23 del Código Penal que "en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros".
Si -como indica la ley- cada condena que dispone el Poder Judicial también ordena el decomiso definitivo de los bienes utilizados para la comisión del delito, como automóviles, camionetas, camiones, motos o embarcaciones, seguramente la repetición de hechos sería menor, porque sería otra la ecuación del riesgo-beneficio. Y tienen otra herramienta legal que el Poder Judicial no utiliza para defender a los que producen, que es la posibilidad de reprochar el lavado de activos, y recuperar todos los bienes que los saqueadores incorporaron ilícitamente a su patrimonio.
Por eso vemos claro que el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, a partir del impulso de los fiscales y querellantes, puede y debe hacer más para frenar el abigeato y otros delitos rurales.
Los productores están hartos, también de las reuniones que no quiebran la inercia.
La capacidad de respuesta más efectiva está en la misma ley.
Qué otras herramientas tiene el Poder Judicial en la ley
ARTICULO 167 ter.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años el que se apoderare ilegítimamente de UNA (1) o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales o, en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto.
La pena será de TRES (3) a OCHO (8) años de prisión si el abigeato fuere de CINCO (5) o más cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte.
ARTICULO 167 quater.- Se aplicará reclusión o prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años cuando en el abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1.- El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164.
2.- Se alteraren, suprimieren o falsificaren marcas o señales utilizadas para la identificación del animal.
3.- Se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de marca o señal, o documentación equivalente, falsos.
4.- Participare en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal.
5.- Participare en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión.
6.- Participaren en el hecho TRES (3) o más personas.
ARTICULO 167 quinque.- En caso de condena por un delito previsto en este Capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o reuniere las condiciones personales descriptas en el artículo 167 quater inciso 4, sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
En todos los casos antes previstos también se impondrá conjuntamente una multa equivalente de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor del ganado sustraído".
ARTICULO 305. - El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes.
En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.
Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico (por ejemplo entregar los vehículos a la policía rural para eficientizar la persecución del delito).
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario.
(Artículo incorporado por art. 5º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
Gustavo Raffin - ReconquistaHOY.
