Javier Ortíz ya puede conducir vehículos nuevamente, porque el juez penal Gonzalo Basualdo resolvió en la tarde de este miércoles 25 de agosto de 2021, ordenar que le devuelvan la licencia de conducir y la tarjeta verde de la camioneta que conducía cuando ocurrió el siniestro vial en el que perdió la vida Karina Gómez Sténico, 28.
Ortíz no quiso decir nada, dejó todo en mano de sus abogados defensores, para eso contrató tres estudios jurídicos, los de Andrés Ghio, Marcos Peralta y Mariana Capparelli.
Quienes usaron la palabra son los padres de la víctima, también considerados víctimas en el nuevo sistema penal. El padre de Karina, Oscar Gomez, dijo que no sería justicia si se le permite volver a manejar; y Mirta Sténico pidió justicia, contando que su nieto llora la ausencia de su madre.
Javier Antonio Ortíz, 52, está imputado del delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente, antireglamentaria y negligente de un vehículo automotor, según el artículo 84 bis, primer párrafo, del Código Penal Argentino, que establece pena de 2 a 5 años de prisión; e inhabilitación especial de 5 a 10 años.
El representante del Ministerio Público de la Acusación sostuvo que la camioneta Toyota Hilux patente AE241BT que conducía Javier Ortíz tirando un acoplado de dos ejes, no contaba con medidas de seguridad como cadenas y luces, ni tenía cobertura de riesgo por el acoplado. Esa camioneta es de la empresa Vial-Nor s.r.l., de la que el causante es socio mayoritario.
¿Dejarlo manejar, si o no?
Qué dice la ley.
ARTÍCULO 208 bis.- En las causas por infracción a los artículos 84 y 94 del Código Penal, cuando las lesiones o muertes sean consecuencia de la conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un automóvil, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (en este caso el Dr. Basualdo) podrá, a pedido de parte, inhabilitar provisoriamente para conducir al imputado reteniéndole a tal efecto la licencia habilitante y comunicando la resolución a los Registros Nacional y Provincial de Antecedentes de Tránsito. Esta medida cautelar durará como máximo tres meses y puede ser prorrogada por períodos no inferiores a un mes, hasta el dictado de la sentencia. La medida y sus prórrogas pueden ser revocadas o apeladas. El período efectivo de inhabilitación provisoria puede ser computado para el cumplimiento de la sanción de inhabilitación solo si el imputado aprobare un curso de los contemplados en el artículo 83 inc. d) de la ley nacional N° 24.449.
