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SENTENCIA Y UNA COINCIDENCIA DE LAS PARTES: EL MUNDO AL REVES. Y LA OPINION DE G.R.

Condenaron a un policía y a un comisionista de hacienda (que además es docente) por abigeato agravado; y absolvieron a una docente y a una funcionaria pública.

El oficial principal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Hugo Gogman, 41; y el comisionista de hacienda Daniel Rojas, 46; son los condenados. Al ser detenidos, Gogman cumplía funciones en la Subcomisaría III de Colonia Teresa; y Rojas vivía en Alejandra. Es docente y demás vendía autos.

Hugo Dario Gogman, Maria del Carmen Carrizo, Romina Soledad Rojas y Daniel Marcelo Rojas, juntos al defensor Andrés Ghio, en la sala del juicio, en Reconquista.

El juez penal de primera instancia, Martin Gauna Chapero, dio a conocer su veredicto al cabo de un juicio por abigeato y otros delitos de los que acusó el fiscal Aldo Gerosa; y defendió Andrés Ghio.

Condenó a Hugo Darío Gogman, DNI N° 28.331.665; y a Daniel Marcelo Rojas, DNI N° 23.916.159, por ser coautores penalmente responsables del delito de abigeato doblemente agravado, por la participación en el hecho de una persona que se dedica a la actividad ganadera y por haber sido cometido por tres o mas personas, ello a su vez agravado por la participación de una persona menor de 18 años de edad en grado tentado, a la pena de dos años y ocho meses de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y al pago de costas.

Además, impuso a Hugo Gogman y a Daniel Rojas, en forma conjunta, una multa de $30.000.- e inhabilitación especial por el tiempo de la condena, durante el cual tienen prohibido desarrollar la actividad pecuaria, y deberán cumplir determinadas reglas de conducta por idéntico plazo (2 años y 8 meses): Residir en jurisdicción del Juzgado que lo condenó, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y consumir estupefacientes, y prohibición de acercamiento y de contacto con los damnificados de los hechos delictivos por los cuales fueron condenados.

En el mismo fallo, decidió:

Sobreseer por prescripción de la acción penal a Maria del Carmen Carrizo, en orden a la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sobreseer por prescripción de la acción penal a Hugo Darío Gogman, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Absolver a Maria del Cármen Carrizo, DNI N° 25.701.74 (delegada del Senasa) de la presunta comisión de los delitos de Falsificación Ideológica de Documento Público, en concurso real con abigeato triplemente calificado, en calidad de participe necesaria.

Absolver a Romina Soledad Rojas, DNI N° 34.526.117 (docente, esposa de Gogman e hija de la propietaria de la hacienda robada) por la presunta comisión del delito de Falsificación Ideológica de documento público, en concurso real con abigeato triplemente calificado, en calidad de coautora.

Absolver a Hugo Darío Gogman por la presunta comisión del delito de Falsificación Ideológica de documento público, en concurso real con abigeato triplemente calificado, en calidad de coautor.

Vale recordar que el fiscal pretende que todos sean condenados, y con ese fin, ahora le queda la vía de la apelación.

Las condenas solicitadas:

Para Hugo Darío Gogman: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, e inhabilitación especial por el doble de la condena y la multa equivalente del doble del ganado sustraído.

Para Romina Soledad Rojas: 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación especial por el doble de la condena y una multa del doble del ganado en pie sustraído.

Para Daniel Marcelo Rojas, la pena de 5 años y 4 meses de prisión de efectivo cumplimiento, más la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena y una multa equivalente al doble del ganado en pie sustraído al tiempo de quedar firme la sentencia; y

Para Maria del Carmen Carrizo la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, e inhabilitación especial por el doble de la condena y una multa del doble del ganado en pie sustraído al quedar firme la sentencia.

 

ARGUMENTOS

En el juicio, al argumentar su pedido de condena, el fiscal Gerosa pidió al tribunal que tenga en cuenta la sensibilidad que genera en nuestra región el robo de hacienda por la reiteración de hechos que tanto perjuicio ocasiona a los productores, agravado en este caso porque dos de los supuestos autores son personas a las cuales el ordenamiento jurídico, la sociedad, le ha dado una función y un rol de protección y cuidado de esos bienes, es decir han sido designados por el Estado para vigilar y cuidar que no ocurran hechos que en definitiva terminan cometiendo ellos; y que además ha sido en perjuicio de personas a quienes por el vínculo, debían respeto y cuidado por la cercanía.

Sostuvo que la hacienda robada fue trasladada, suprimieron las marcas encimándolas, colocaron caravanas con datos de otro campo y de otro productor.

Indicó que el delito fue realizado por personas que debían cuidar dichos bienes, y sin embargo no los hicieron como es el caso de un funcionario policial y de una funcionaria del Senasa, en perjuicio de victimas que merecían o que se encontraban atravesando por una situación especial, ya que la propietaria de la hacienda robada, estaba entonces (año 2014) muy grave de salud (por un ACV, había contado antes); y sin embargo, la hija (que es docente), junto a su esposo (que es policía) le sustrajeron los bienes, adulterando y modificando marcas y señales de los animales, poniéndoles los de la docente Romina Soledad Rojas a los que tenían la marca del padre; o se falsifican documentos públicos destinados a constatar y proteger el comercio del ganado vacuno. Todos los hechos ocurrieron entre marzo y abril del año 2014.

En la acusación, el representante del Ministerio Público de la Acusación, además sostuvo:

El primer hecho, refiere a la sustracción de 7 terneros, sin completar un documento de transito electrónico, que son recuperados cuando estaban siendo cargados a un camión para trasladarlos a otra zona, pero con las caravanas que correspondían al campo de Omar Catalino Rojas, padre de Daniel Rojas, mientras se aprestaban a colocarles la marca de esta persona, por supuesto en esa venta cobraría Rojas y seguramente Gogman, que fue quien entregó los animales. Nada se había acordado con el propietario, como dije no había documentación que justificará el transporte de los animales hasta ese lugar. Ocurrió el 20 de abril de 2014, a las 10:00 horas aproximadamente. Los 7 terneros eran Orejanos, no habían sido destetados todavía, pastaban en el campo del establecimiento Los Naranjos, propiedad del padre de Romina Soledad Rojas, que administraba Margarita Tourn, que fue la persona que estaba internada en ese momento (grave). Para el traslado al campo de Daniel Rojas, utilizaron un camión. A la hacienda robada le colocaron las caravanas identificando el establecimiento como el de Omar Catalino Rojas, le estaban por colocar las marcas.

En un segundo hecho, el fiscal reprochó la falsificación de la firma de Margarita Tourn, madre de la docente Romina Soledad Rojas y suegra del policía Hugo Darío Gogman. Se falsificó para justificar una supuesta venta de los animales de Margarita Tourn a su hija Romina Rojas. Esos animales estaban destinados -según el formulario falsificado- al establecimiento Isla la Barranquita, propiedad de Omar Catalino Rojas, padre de Daniel Marcelo Rojas. Es decir que, en esos días, se puede apreciar una serie de maniobras coordinadas para apropiarse de animales ajenos; y efectivamente, esos 10 animales fueron trasladados al campo referido, entre los días 15 y 17 de abril de 2014. Esta maniobra se pudo realizar por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones por la desidia, de la encargada del Senasa, Maria del Carmen Carrizo, porque no constató, y además era conocido en el pueblo que Margarita estaba internada en Reconquista, con un ACV.

En un tercer hecho, el fiscal reprochó que el oficial de policía, Hugo Gogman, apuró, coacció a un policía de menor rango  para que firme un formulario DTE, sin verificar la correspondencia del mismo con los animales que estaban siendo cargados; y esto ocurrió en la mañana del día 15 de abril del 2014, cuando Gogman se reunió con el jefe de la Comisaria de Alejandra y luego encaró y le exigió al Suboficial Darío Escobar que le firme el DTE (refiere al Documento de Tránsito Electrónico, que permite disponer en tiempo real de información para el seguimiento de la hacienda, entre otras cosas). Consiguió la firma del DTE sin que un policía haga la constatación de la hacienda, sabiendo que Escobar no era el encargado del registro de los formularios. Tenía una firma adulterada que se pretendía hacer parecer a la firma de Margarita, pero era de Romina Rojas y tenía las fechas de vigencia entre el 15 y 17 de abril de 2014.

En el cuarto hecho, lo que observó el fiscal es la supresión de marcas originales en 12 animales, total o parcialmente ajenos. Concretamente había dos categorías de vacas que correspondían al padre de Romina. También había otros animales. Las marcas estaban planchadas, superpuestas o adicionadas, los propietarios de alguno de estos animales no se pudieron identificar y todos estos animales se encontraron en el campo de la sucesión del padre de Romina Soledad Rojas, cuando fue allanado el campo. 

Explicó el fiscal al tribunal que cualquiera de estos modos de proceder nos muestra un camino ilegal que no transfiere la propiedad del animal, pero además la falta de voluntad del propietario del animal. Nadie encima ni trata de tapar la marca original con otras similar, si es que no quiere ocultar que no está comprando el animal como corresponde.

Remarcó al tribunal que las víctimas son pequeños o medianos productores de Alejandra, más aún en algunos casos eran familiares, vecinos, conocidos de las personas juzgadas.

Reprochó la violación del derecho de propiedad de personas de medios bajo o poco nivel, sustrayéndoles lo poco que tienen, el hecho de que sea cometido por una hija, o un hijo menor que estaba conviviendo con una señora enferma o por el yerno que además es funcionario policial, o con la intervención o falta de cuidado de quien debe vigilar de Senasa que esto no ocurra. El ponerle caravanas con datos de otro campo, de otro propietario, la falsificación de firmas, la adulteración de marca de dos animales, todo esto permite visualizar la magnitud que el hecho tuvo en su momento en Alejandra y toda la comunidad. Debo insistir en esto: había un policía que estaba jugando al ladrón, había una docente que le estaría robando a su mamá (que estaba internada por un problema de salud grave), le robaban animales de la sucesión del padre, había un hijo menor que convivía con la señora que estaba internada; una empleada que puso el Estado para que esto no ocurra, facilitando que eso ocurra; y un comisionista de hacienda que supo ser docente que aprovechándose del conocimiento de la actividad participa de la sustracción de ganado de su vecinos y conocidos, es decir como que el mundo al revés fue lo que se observó en la investigación de este caso, porque si los que cuidan a la sociedad de los delitos son los mismos que delinquen, como decía un cómico Mexicano ¿Quien Podrá Defendernos?

El Dr. Gerosa se mostró en el juicio convencido de tener las pruebas, que evidentemente no fueron suficientes para el juez de primera instancia para lograr los reproches solicitados, pero le queda ahora acudir a la Cámara Penal de Apelaciones.

Sobre la frase del policía jugando al ladrón que utilizó el fiscal (por Gogman), su defensor (Dr. Ghio) dijo que él compartía esa expresión, pero que ese policía no es Gogman, sino Almada.

Ghio sostuvo la inocencia de sus defendidos, y le contó al tribunal que el policía Hugo Gogman y la docente Romina Soledad Rojas sufrieron una tragedia hace muchos años, que fue el fallecimiento del padre de Romina, y que después de ese fallecimiento, un personaje conocido por la policía de Alejandra, conocido también por la Policía de Seguridad Rural, conocido por la cantidad de antecedentes penales, sedujo y se casó con Margarita Tourn, una de las victimas, según el fiscal.

Ghio contestó al fiscal que ha olvidado que hace alrededor de 7 años Margarita vive con Romina y su hermano, que Margarita, quien ha tenido dos ACV en estos años, ha estado casi privada de su libertad, que existe un sinnumero de denuncias contra Ariel Desiderio Rojas, que es quien inició esta causa judicial con una denuncia en connivencia con el Comisario Almada, porque no podía satisfacer sus intereses.

Contó que Ariel Rojas se casó hace muchos años (años antes de la denuncia) con Margarita Tourn y se quiere apropiar y adueñar del campo de ella y de sus hijos, que son los herederos. Ese es el verdadero origen de la causa, sostuvo ante el tribunal; ante el cual declaró: "No voy a negar magistrado que puede haber desprolijidades, por lo menos en el modo en el que se expidió el DTE con respecto a los 10 animales que eran de Margarita Tourn, que estaba internada..."

Mostró como exagerado al fiscal porque refirió a los acusados como si fueran una de las bandas delictivas más grande del país, no solo del Norte Santafesino.

Consideró que "el fiscal ha sido engañado en su buena Fé ", y volvió a apuntar contra Almada, de quien recordó que fue imputado en la causa, y quedó afuera mediante un acuerdo con el fiscal.

Mostró como contradictorio al fiscal Gerosa, dicendo que evidentemente mucho no le ha de molestar al fiscal un policía que incumple con sus deberes de funcionario público y participa en un abigeato, si le concede una salida alternativa, sobretodo si lo cita como testigo. Lo más gracioso es que tenemos documental que el testigo Almada tiene que reconocer o declarar sobre la misma, o sea tenemos un imputado que hace una salida alternativa, y que a su vez hacía actas, allanamientos, secuestros, croquis, y demás cuestiones.

El Dr. Ghío había pedido la absolución de culpa y cargo de todos. Algo consiguió. Pero también, como al fiscal, le queda apelar ante la Cámara Penal. Allí será el próximo capítulo.

 

Opinión

EL PODER JUDICIAL PUEDE Y DEBE HACER MÁS PARA FRENAR EL ABIGEATO  

Otra condena por abigeato sin decomiso de bienes, sin siquiera una petición en ese sentido de parte del Ministerio Público de la Acusación.

Otro simulacro de justicia para los productores que siguen clamando por ella y quieren una señal más seria del Poder Judicial, más comprometida para frenar este flagelo de quienes tienen su inversión tan vulnerable, al costado de caminos, en zonas rurales, donde tantas veces reina la impunidad, no solo de la soledad, sino también la complicidad de funcionarios públicos, o directamente la participación activa, como en este caso.

Ya lo hemos dicho y escrito en ReconquistaHOY. Si -como indica la ley- cada condena que dispone el Poder Judicial también ordena el decomiso definitivo de los bienes utilizados para la comisión del delito y los que se obtienen a partir de él (como automóviles, camionetas, camiones, motos o embarcaciones) seguramente la repetición de hechos sería menor, porque sería otra la ecuación del riesgo-beneficio.

Es muy claro que el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, a partir del impulso de los fiscales y querellantes, puede y debe hacer más para frenar el abigeato y otros delitos rurales.

Los fiscales deben empezar por pedir el decomiso definitivo de los bienes cuando están probados los hechos. En este caso, ellos ponen el límite a los jueces.

Desde ReconquistaHOY jamás pedimos mano dura. Exigimos justicia, aplicación de la ley. Allí está la respuesta que se necesita.

Pero desde el Estado, cada vez que se le exije resultados, sus funcionarios solo se quejan por lo que no tienen (como si alguien lo tuviera todo) y piden más cargos y más presupuesto. ¿Y si empiezan a hacer todo lo que pueden con lo que tienen?. La acción requerida no admite excusas. Solo requiere acción.

Los productores están hartos y no solo de los robos, sino también de las reuniones que no quiebran la inercia. Ni siquiera la voluntad los entusiasma.

Lamentable, ya que la capacidad de respuesta más efectiva está en la misma ley, pero sigue el verso, y así no se cuida a quienes invierten, trabajan y dan trabajo. Pena nos da. Merecen otra respuesta. Por eso no hay que bajar los brazos. Y las instituciones también tendrán que revisar su estrategia. Tal vez lo hagan cuando superen el mareo de tantas reuniones inútiles.

Repudiamos al Estado caro e ineficiente y convocamos a los decentes y voluntariosos a empezar el cambio, convencidos que con lo que tienen, pueden más.

 

Si -como indica la ley- cada condena que dispone el Poder Judicial también ordena el decomiso definitivo de los bienes utilizados para la comisión del delito y los que se obtienen a partir de él (como automóviles, camionetas, camiones, motos o embarcaciones) seguramente la repetición de hechos sería menor, porque sería otra la ecuación del riesgo-beneficio.

 

Gustavo Raffin - ReconquistaHOY

 

 

 

Las instituciones también tendrán que revisar su estrategia.