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OPINION

La vida tan llena de víctimas podrá empezar a cambiar a partir de varios cambios: políticos, sociales, pero también del Poder Judicial, al que Gustavo Raffín expone aquí con su crítica

Gustavo Raffin

Esta semana fue noticia que, otra vez, otro juez penal, dio lugar al beneficio solicitado por otro condenado, incluso desoyendo lo reclamado por la víctima, el fiscal, y por una observación del Servicio Penitenciario en cuanto a que el condenado no asume la consecuencia causada a su víctima. 

Otro botón de muestra para dónde inclina la balanza, recurrentemente, el Poder Judicial, el que repite beneficios a favor de los condenados, sobrecargándose con causas porque -en alto porcentaje de hechos delictivos, en general, aquí no refiero solo a delitos contra la integridad sexual- los autores suelen ser repitentes.

Lo curioso es que para justificar su ineficacia, los actores del Poder Judicial refieren a que están sobrecargados de trabajo, cuando evidentemente son ellos mismos parte del problema, son quienes aceleran el regreso a la libertad de los condenados, máxime con un servicio estatal tan deficitario, donde tanto cuesta identificar a los autores de los delitos. Y de los ínfimos que son llevados a proceso (menos del 4%) sabemos lo que cuesta demostrar la autoría de los hechos, con otro calce a favor de los reos, que como la capacidad de trabajo judicial es escasa, la inmensa mayoría (casi todos los procesos) terminan en acuerdos, con procedimientos abreviados, los que para facilitarlos, el acusador público (fiscales) siempre resignan calificaciones y descartan hechos, lo que también acelera la vuelta a la libertad de los autores. Sigue intacta la famosa puerta giratoria del Poder Judicial. 

Allí  está el nido de la repitencia que satura al Poder Judicial, pero a nadie satura tanto como a la sociedad, que espera un Estado más eficiente para vivir en libertad, transitar en libertad, disponer en libertad, que los hijos vayan y vuelvan por donde deseen, que no haya ni corredores ni horarios prohibidos, ni temores, ni que haya que seguir pagando el impuesto de la inseguridad con más rejas, más alarmas, más videovigilancia, más remises, en lugar de caminatas y bicicletas; y lo que es peor aún, el impuesto más caro: el vivir con temor, ese que aplasta los ánimos y condiciona para todo; el temor de salir del trabajo, o de un espectáculo, o de un trámite, y no encontrar la bici o la moto; o de volver a casa y encontrar que fue invadida y robada; cuando no que suceda un arrebato en el camino.

No es un escrito de terror, es la vida en sociedad, descontrolada, dolorosa, la que podrá empezar a cambiar a partir de varios cambios... políticos, sociales, pero también del Poder Judicial; y cada uno deberá hacerse cargo de inicar ese cambio. Cada vez que se agita la sociedad por un nuevo caso extremo, hacen cumbres donde todos tienen algo de qué quejarse (presupuestos, falta de medios, de recursos humanos, etc), todos piden algo y nadie concede nada, y todo sigue igual. Usan las cumbres como una crema para apaciguar las reacciones sociales.

Con iguales prácticas, nada va a cambiar.

La situación es extraordinaria y requiere acciones extraordinarias, obvio que siempre dentro de la ley. Desde ReconquistaHOY jamás se pidió "mano dura", solo "justicia".

El juez que libera anticipadamente a un condenado, no tiene consecuencias legales ni pone en riesgo su trabajo, tampoco si deniega el beneficio. Pero hay una alarmante inercia en la acción que inclina la balanza siempre para el mismo lado. Deberían observar todas las circunstancias.

Es hora que también cuenten las víctimas, sino la sociedad toda paga las consecuencias.

El Poder Judicial es caro e ineficiente; y lo que es peor, no inicia un proceso que transmita esperanza de cambios.

Tampoco la acción política está cambiando las condiciones sociales.

Y sigue cayendo la moral media, se desmorona "la sociedad", esa que se forma a partir de ciertas reglas.

Cada vez más gente viola los códigos, cada vez más gente cruza la raya de lo ilegal, es una sociedad en descomposición notable, alarmante, lo que debe incomodar y provocar reacciones.

Por ejemplo, cada vez más son quienes compran cosas a precio vil, ni se sonrojan por la lógica de lo que es robado. Y crecen los ilícitos. Hasta pueden elegir modelo y color de moto y bici, que alguien se encargará de robar. Saben que en el peor de los casos, se les formará una causa por "encubrimiento" con lógico final: la prescripción; es decir, sin ninguna consecuencia.

Ni hablar de adultos que, aunque todavía no salen a robar, empiezan a recibir en casa lo que traen sus hijos, los que aparecen en los partes policiales sin nombre ni apellido, ni de los padres, solo con edades recurrentes: 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años, lo que termina en un aviso a una funcionaria de la Secretaría de la Niñez de la Provincia o al primer nivel de la Municipalidad, o en el Juzgado Penal de Menores, con resultados que ya conocemos.

Y así llegamos al descontrol actual que tanto incomoda a un porcentaje de la sociedad que quiere vivir con reglas, en paz y en libertad, porque un Estado -que tiene códigos para todo: convivencia, penal, civil, comercial, laboral, de planeamiento, etc- puede organizar su poder de policía y de sanción, en base a una cantidad mínima de autores, pero cuando los que pasan la raya son tantos, sobreviene la impunidad. Hay que tener en cuenta que el 96% de los hechos denunciados jamás llegan siquiera a una resolución judicial; y está claro que la impunidad anima a nuevos actores, sobre todo en un país con tantos dramas sociales, donde a muchos les robaron la dignidad. 

Que sea justicia, también para las víctimas.

Porque podemos vivir peor... pero también mejor. Suerte que todavía estamos a tiempo de decidir.

 

Otro caso testigo del Estado Asesino

"Estado asesino", así lo calificamos en ReconquistaHOY cuando explicamos el rol decisivo que tuvo en uno de los hechos más impactante de la historia judicial, el asesinato de Bernardo Charpentier, una querida personalidad de la ciudad que superó casi todo, hasta la cuadriplejía, pero no pudo contra el "estado asesino".

Apenas Lucas Aquino reveló a ReconquistaHOY que fue él quien mató a Bernardo Charpentier, Gustavo Raffin informó en este portal, con nombres y apellidos, quiénes son los actores del Poder Judicial que hicieron posible que esté en libertad, cuando debería haber estado en prisión.

 

Para Charpentier, ni la vida. Para Aquino, todas las oportunidades.

 

Lucas Aquino pudo matar con alevosía a Bernardo Charpentier porque el Poder Judicial lo benefició dos veces al hilo con la transformación de la pena de efectivo cumplimiento en condicional.

Y el segundo beneficio fue a pesar de haber incumplido con las condiciones impuestas cuando lo beneficiaron por primera vez; es más, volvieron a permitirle la libertad condicional cuando ni siquiera se había cumplido el plazo de prisión de la primera condena.

Así funcionó la tan cuestionada puerta giratoria del Poder Judicial Santafesino, parte importante del nivel de inseguridad que padece la ciudadanía (que lo sostiene con sus impuestos).

Te lo contamos con detalles, con nombres y apellidos, confirmando que las matemáticas del Poder Judicial sacan cuenta a favor del delincuente:

El 29 de abril de 2016, Lucas Javier Aquino fue condenado por el juez Gonzalo Basualdo (en procedimiento abreviado acordado por el Fiscal Rodrigo González, el acusado y su abogado defensor, Víctor Zaragoza) a la pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento por el violento asalto a Romina Morel, a quien le abrió la cara con un profundo corte que obligó a 7 puntos exteriores y 5 adentro de la boca, más dos puñaladas arrojadas al abdomen que alcanzó a evitar, lastimando su mano.

El 08 de Noviembre de 2016, el Juez Gustavo Gon le transformó la prisión de efectivo cumplimiento en condicional. Aquí fue clave el rol del Ministerio Público de la Acusación, que no se opuso al pedido de la defensa. Le impusieron condiciones:trabajar o estudiar, abstenerse de cometer nuevos delitos, no emborracharse ni drogarse, "condiciones éstas que deberá cumplir estrictamente hasta el día 11 de marzo de 2019 que vence su condena, bajo apercibimiento de revocarse!e su libertad en caso de inobservancia de las mismas".

Nada de eso cumplió: no estudió, no trabajó y siguió drogándose y cometiendo delitos. Incluso poniendo en riesgo a la población por su reconocida negativa a entregarse cuando fue sorprendido en flagrante delito. De hecho que lo atraparon nuevamente luego de otra peligrosa persecución. 

El 29 de octubre de 2017 fue nuevamente condenado.

Esta vez fue el juez Mauricio Martelossi quien le aplicó la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento, convalidando el acuerdo del fiscal Aldo Gerosa, el condenado y la defensora pública Fabiana Pierini en un procedimiento abreviado por el robo de la moto de Juan Retamoza, y resistencia a la autoridad, que incluyó una persecución por las calles de la ciudad, él en moto, y luego a pie por el Barrio La Cortada, donde finalmente fue detenido.

Como tenía una condena anterior, se la unificaron en 3 años de prisión de efectivo cumplimiento; pero antes de los cinco meses, el 21 de Marzo de 2018, el mismo Juez de la Ejecución Penal, Gustavo Gon, nuevamente le permitió salir en libertad transformando la prisión de efectivo cumplimiento en condicional. Otro beneficio en el que fue clave la fiscalía, que nuevamente no formuló objeciones a la petición de la defensa. (A esa audiencia asistió el Fiscal Latorre, quien explicó que quien le dio la instrucción de no oponerse a la libertad de Aquino era el Fiscal Aldo Gerosa).

El Juez Gon le impuso condiciones: vivir en casa de su madre Luisa Fernández, en calle Belgrano N° 2325 departamento "E" casi esquina calle 47 del Barrio General Obligado de la Ciudad de Reconquista, desempeñar un trabajo, oficio o profesión o adquirir conocimientos necesarios para ello, no drogarse ni emborracharse y abstenerse de cometer nuevos delitos. Y otra vez Aquino no cumplió con nada. Tampoco el Estado, que a través de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria debería haberse ocupado. De haberlo hecho, hubiera observado en qué condiciones seguía la vida de Aquino en libertad: viviendo en casa de su novia, en calle Lucas Funes al 65 (casi Independencia), drogándose, sin estudiar ni trabajar. Y lamentable el rol del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía), que no fue el necesario contrapeso del sistema. Todos subieron al plato de la balanza de Aquino, para allí se inclinó, confirmando que no es una sensación lo que enoja a la población cuando ve al Estado del lado de los delincuentes. Es la práctica habitual. Desde ReconquistaHOY hemos remarcado que varias veces salimos de audiencias donde ni se menciona a la víctima, solo se habla de los derechos de los imputados y de los condenados, de sus hijos y familiares.

Lamentablemente, vemos cómo se repite la coincidencia innecesaria de fiscales y defensores. En las dos audiencias que se decidieron los beneficios para Aquino, Fiscalía no contrarió los pedidos de la defensa, nada objetó. Todos estuvieron del lado de Aquino. Todo el Estado a favor de quien las hace. La sociedad sigue pagando hasta con la vida. 

Al matar a Bernardo, Lucas tenía la pena de prisión de cumplimiento efectivo vigente, pero estaba en libertad por esa particularidad del Poder Judicial, para quien 3 años pueden ser meses, y otras matemáticas que siempre favorecen al reo y ponen tras las rejas a la ciudadanía, que no para de invertir en seguridad que nunca alcanza, que ya incluye también alarmas y cámaras de videovigilancia, que podríamos llamar también otro impuesto a la inseguridad. Y nada alcanza frente a la puerta giratoria del Poder Judicial y sus raras cuentas. Cansan hasta a las fuerzas de seguridad, que viven corriendo detrás de los mismos delincuentes.

Y no todo es el dinero que los ciudadanos invierten en mejorar la seguridad de sus viviendas y transporte. Se pierde el bien preciado de la libertad de los hijos yendo a la escuela caminando o en bicicleta, de disfrutar de espacios públicos y otros sitios que por inseguridad, o aunque sea por miedo, la sociedad fue resignando.

Aquino es responsable de sus delitos y ahora está otra vez condenado. También debería ser condenado el Estado por su ineficacia en resolver la cuestión a tiempo. 

Aquino no es un NN para el Poder Judicial. Como vemos en la cobertura periodística que ha realizado ReconquistaHOY, la policía lo detuvo varias veces, incluso en flagrante delito casi siempre, lo entregó a un fiscal y en la mayoría de los casos siguieron el procedimiento. Así tuvo las dos primeras condenas. Pero antes de los 7 meses de la primera condena a 3 años de efectivo cumplimiento (mentira estatal habitualmente usada cuando se dicta una sentencia) ya estaba en libertad condicional; y volvió a delinquir. Nuevamente la policía lo atrapó, lo entregó al aparato judicial que lo volvió a condenar, y a los pocos meses otra vez un juez le concedió la libertad condicional ...y otras vez la policía lo fue a detener, ahora por uno de los asesinatos más alevosos, el de un hombre de 52 años, solo, cuadripléjico (con los cuatro miembros afectados), sin posibilidades de defenderse sobre una silla de ruedas, apuñalado en varias partes del cuerpo: tórax, mano, cara, cuello y hasta una oreja partida al medio, accionando dos cuchillos.

El Estado se ocupó de Aquino. Es cierto. Tan cierto como su ineficacia para resolverle el problema a la sociedad.

Aquino fue detenido por la policía en varias ocasiones, incluso en flagrante delito, en minutos, le secuestraron bienes robados, fue llevado a numerosas audiencias, fue imputado de varios delitos, le establecieron prisiones preventivas y otras medidas cautelares, lo condenaron en dos oportunidades, pero la puerta del Poder Judicial siguió girando y volvió a lanzar sobre la comunidad a una persona peligrosa porque no acata reglas de convivencia, por la forma que ataca a sus víctimas y porque ni siquiera acata órdenes policiales de detención; de hecho que en más de una ocasión para detenerlo hubo que pasar por peligrosas persecuciones por las calles de Reconquista y Avellaneda.

Entonces queda claro que no alcanza con trabajar, también se requiere eficiencia, hay que ofrecer resultados a una sociedad harta de un Estado caro e ineficiente, del cual el Poder Judicial es parte importante.

Severo llamado de atención sobre la necesidad de cambiar no solo leyes, sino también actitudes y decisiones. Esto incluye al Poder Judicial y al Poder Político. 

Gustavo Raffin - Periodista en ReconquistaHOY. 

 

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