La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, con los votos de los jueces Santiago Dalla Fontana y Mauricio Sánchez, rechazó este lunes 10 de junio de 2024 el Recurso de Inconstitucionalidad contra el acuerdo de Vicentín saic con sus acreedores.
Al recurso lo había presentado Commodities s.a., la única empresa acreedora que está batallando judicialmente porque se opone al acuerdo de pago que prosperó en el Concurso Preventivo.
Aquí vale recordar que ese acuerdo fue rechazado por el juez de primera instancia, Fabián Lorenzini; pero la Cámara de Apelaciones, el 6 de marzo de 2024, revocó la sentencia y lo avaló.
Frente a esa decisión adversa a sus intereses, Commodities le pidió a la Cámara que remita el caso para que lo estudie la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, mediante lo que se llama: "Recurso de Inconstitucionalidad", a lo que no le dio lugar. Y esa es la noticia de este 10 de junio. Y no es ninguna sorpresa para quienes conocen a este tribunal de la Ciudad de Reconquista, que solo habilita este recurso en un 2% de los casos. El caso Vicentín, a pesar de la grandilocuencia, no fue excepción.
En esta batalla judicial, la empresa rosarina quedó sola. Ni el fiscal de la Cámara de Apelaciones la acompañó, ya que se expidió propiciando que se declare la inadmisibilidad del recurso.
A Commodities le queda ahora la posibilidad de ir en queja a la Corte.
Cuando llegue la queja, el máximo tribunal de justicia de la provincia decidirá si lo analiza o no; y -finalmente- queda un Recurso Extraordinario ante la Corte Nacional. Todos estos pasos podrían suceder en un litigio que puede ir para largo.
Por el Código de Procedimientos, el acuerdo homologado sigue vigente, lo que permite a Vicentín avanzar según el acuerdo alcanzado.
LA POSTURA DE COMMODITIES S.A.
La acreedora rosarina sostiene que es inconstitucional el fallo de la Cámara que homologó el acuerdo de Vicentín con los acreedores, porque incurre en una "discriminacion arbitraria". Esgrime una supuesta abusividad de la propuesta concursal, por considerar que ésta genera quita del 80% de su acreencia. Sostiene que son arbitrarias las apreciaciones sobre la apertura del proceso de concurrencia o cramdown de Vicentin SAIC; y que el pronunciamiento no hace más que validar el vaciamiento del patrimonio de la concursada, en beneficio de tres acreedores concursales.
Asimismo, Commodities muestra su disconformidad con la sentencia de Cámara, alegando que está fundamentada en argumentos viciados, sesgados y dogmáticos, los cuales, según su criterio, la Corte Suprema de Justicia de la provincia debería examinar cuidadosamente.
FUNDAMENTOS DE LA CÁMARA
La Cámara de Reconquista sostiene en su fallo del 10 de junio, que "si bien el impugnante (Commodities s.a.) hace referencia a algunos antecedentes de la causa, no realiza un relato claro y circunstanciado de los hechos relevantes", por lo tanto, no cumple con la formalidad de ser "autosuficiente".
Señalan jurisprudencia que dice que cuando se presenta un Recurso de Inconstitucionalidad, este "debe ser autosuficiente, de tal modo que su lectura torne innecesaria la del expediente. De modo tal que si la pieza no se basta a sí misma, el recurso debe ser declarado inadmisible". Remarcan que este requisito "es indispensable para que la Corte pueda comprender con la mera lectura del memorial, cuál es la temática del juicio, los asuntos debatidos, el desarrollo del pleito y la conexión de todos los elementos (de hecho y derecho) con los principios y cláusulas constitucionales que se estiman comprometidas".
Si bien por el "insuficiente" relato del recurrente ya da para rechazarle el camino a la Corte, la Cámara igual contesta algunas críticas que Commodities le hizo a su fallo cuando homologó el acuerdo; y dice, entre otras cosas, que la vulnerabilidad de los acreedores de menor cuantía es una afirmación sin sustento analítico; que la necesidad de apuntalar a los acreedores de menor cuantía es una afirmación sin respaldo fáctico ni lógico, sin evidencia de perjuicio por el default de Vicentin; que cada una de las manifestaciones vertidas por Commodities no develan más que una mera disconformidad con el fallo de la Cámara.
Para la Cámara, el acuerdo avalado "aporta una suma superior al valor de la empresa"; y que, el pago final, condicionado a 12 años, y su distribución, resulta "beneficioso en comparación con la alternativa de la liquidación o la incertidumbre del Cramdown".
Insisten los jueces de la Cámara en considerar que su fallo es "un pronunciamiento objetivo y razonable, no resultando una afirmación caprichosa de la voluntad del Tribunal, ni un apartamiento de la normativa vigente".
Para la Cámara, elevar el caso a la Corte implicaría la apertura de una nueva instancia ordinaria de revisión, "destruyéndose" así la finalidad del Recurso de Inconstitucionalidad; y se estaría ampliando "indebidamente" la competencia de la Corte, "ya que las quejas y su insistencia sobre el supuesto yerro interpretativo realizado por esta Cámara, no logran acreditar el menoscabo del derecho constitucional invocado".
Termina remarcando, en coincidencia con lo manifestado por el Fiscal de Cámara, que "los presuntos defectos invocados por el recurrente no cuentan con andamiaje jurídico suficiente para el franqueamiento de la instancia extraordinaria".
Por ello, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, resolvió denegar el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por Commodities s.a. contra la sentencia de ese Tribunal, e imponer las costas a la recurrente.
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RECORDAMOS EL "NO" DE LORENZINI QUE DESPUÉS FUE REVOCADO
Vale recordar que el 15 de septiembre de 2023, el juez de primera instancia, Fabián Lorenzini, había rechazado el acuerdo de Vicentín saic con la mayoría de los acreedores, por considerarlo "abusivo".
Más allá de reconocer que Vicentín había logrado el acuerdo con las mayorías que exige la Ley de Concursos, no era suficiente si no se tutelaban adecuadamente otros intereses que subyacen en la finalidad del concurso preventivo.
Tuvo en cuenta en ese fallo de primera instancia (ahora revocado) que el eventual resultado del dividendo de liquidación calculado con base en este acuerdo alcanzado por las partes, 816 acreedores cobrarían el 100% de sus acreencias con el anticipo de 30.000 dólares; que con el segundo desembolso, al año, 117 acreedores más cobrarían entre el 99 y 80% de sus créditos verificados; que 63 acreedores percibirían entre el 79 y el 70% de sus acreencias; que 83 de ellos embolsarían entre el 69 y el 60%; que 92 cobrarían entre el 59 y el 50%; que 97 acreedores percibirían entre el 49 y el 40%; y que 424 percibirían menos de ese 40% de sus créditos verificados.
En el punto neurálgico del análisis del Dr. Lorenzini, juzgó que lo que le impedía homologar la propuesta era "la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada", pues generaría "una transferencia injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 (días) de la propuesta".
Remarcó además una situación asimétrica entre los acreedores socios y los acreedores no socios; que no resulta aceptable que los saldos de capital impago no generasen ninguna rentabilidad; que el valor final del precio de recompra de las acciones fideicomitidas estaría sujeto a contingencias; y que los certificados de participación en el fideicomiso no son transmisibles, ni generan dividendos, ni cuentan con incentivos ante una espera de 12 años.
El fallo ahora revocado por la Cámara, finalmente, cuestionó el funcionamiento del fideicomiso propuesto para la capitalización en acciones de la concursada, ello en relación con los acreedores, sobre cuyos hombros se hace descansar contingencias empresariales.
La sentencia de primera instancia había sido apelada por Vicentin saic, por Commodities s.a.; y por el Banco Nación Argentina. Finalmente, el BNA desistió de su apelación, y siguieron en carrera solo las posiciones de Vicentín y Commodities, sobre lo que ahora se expidió la Cámara, revocando la sentencia de Lorenzini, rechazando la posición de Commodities y dando lugar al planteo de Vicentín saic.
EL ACREEDOR DISCONFORME
Commodities s.a. (del Grupo Grassi de Rosario) sostiene que el acuerdo propuesto por Vicentín, carga sobre la espalda de los acreedores de mayor cuantía el peso del default, imponiéndoseles una quita irrazonable, excesiva y abusiva, sin pago de intereses sobre los saldos diferidos. Cuestionó otras cosas también, sin éxito.
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LA POSTURA DE VICENTÍN
Vicentín apeló a la Cámara agraviado por la sentencia de primera instancia. Sostuvo que los intereses del Concurso estaban "salvaguardados", haciendo hincapié en la continuidad de la empresa, en la conservación de las fuentes de trabajo y en la elaboración de una propuesta de pago seria, razonable y cumplible.
Sostuvo que no incurrió ni en abusos ni en fraude a la ley; y que un Concurso de Acreedores no se resuelve legalmente sobre el interés particular de algunos acreedores, porque en estos casos, la controversia se resuelve con el doble régimen de mayorías (el acuerdo debe ser prestado por al menos el 50% de los acreedores, quienes deben representar al menos el 66% del total de la deuda acreditada, y eso se cumplió).
También expuso la empresa deudora que la opinión del juez Lorenzini sobre el sacrificio que el acuerdo impone a los acreedores "carece de la más mínima relevancia a la hora de resolver la homologación", ya que son las mayorías legales las que deciden qué sacrificio están dispuestas a soportar.
Vicentín alegó que no existe una regla que pueda determinar lo que es abusivo en la quita sobre la deuda y los plazos de pago acordados, por lo que lo resuelto por el Dr. Lorenzini no era justo, porque en su sentencia no demostró ni el abuso ni el fraude en la propuesta de la concursada.
Tampoco aceptó Vicentín la crítica del Dr. Lorenzini a las "supuestas debilidades" que encontró en el acuerdo.
Remarcó la concursada que los acreedores que subsistan como tales luego de los pagos iniciales, capitalizarán su acreencia como accionistas fiduciantes.
También criticó que el juez de la primera instancia pasó por alto cuestiones elementales de los informes de la Sindicatura, como el valor de la empresa en marcha y en liquidación, puesto que, ante un escenario de liquidación, acrecentarían el pasivo los créditos originados por la extinción de 1.200 contratos de trabajo, además de otras contingencias.
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LA POSICIÓN DEL FISCAL
Es importante conocer la posición del Fiscal de Cámaras. Y aquí es noticia que el Dr. Miguel Molinari se expresó por el rechazo de la posición de la acreedora Commodities s.a., favoreciendo los intereses de la deudora.
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EL VEREDICTO DE LA CÁMARA
El veredicto de la Cámara pronunciado a favor del acuerdo, difundido el 6 de marzo de 2024, fue escrito por el juez Santiago Dalla Fontana, a cuyas posiciones adhirió siempre el Dr. Mauricio Sánchez con su segundo voto, el que confirmó la mayoría de la sentencia, haciendo innecesario el tercer voto que estaba asignado al Dr. Román, quien integró la Cámara de Apelaciones para reemplazar a la jueza María Eugenia Chapero, quien se excusó por su relación de amistad con varios directores de la empresa deudora.
Sostiene el fallo de Cámara: "Que un acuerdo preventivo tenga luces y sombras a criterio del juzgador, no basta para catalogarlo de abusivo, y menos aún de fraudulento".
Reconoce que "la ley ampara que la empresa concursada (en cesación de pagos) imponga pagos parciales a los acreedores quirografarios minoritarios (que no prestaron conformidad a la propuesta) u otras soluciones".
Menciona la Cámara que "los socios de Vicentin saic no han querido o no han podido en lo inmediato ni en lo mediato aportarle a la sociedad la liquidez necesaria para salir del estado de cesación de pagos; y lo cierto es que no están legalmente obligados a hacerlo con su dinero personal, no pudiendo los acreedores atacar el patrimonio de esos socios por no haber dotado de liquidez a la sociedad para pagar íntegra y puntualmente sus deudas. Ante ese escenario, la alternativa a su propia quiebra presentada por Vicentin saic en este proceso, consiste en una propuesta que a la larga conlleva la cesión de la titularidad de la sociedad y sus activos (salvo un 5% de sus acciones que conservarían los antiguos socios) a los siguientes interesados estratégicos: Asociación de Cooperativas Argentinas, Viterra Argentina s.a.; y Bunge Argentina s.a.. A cambio de dicha cesión, estos interesados estratégicos ofrecen para los acreedores quirografarios una suma total aproximada de 462 millones de dólares a pagar de la siguiente forma:
1°- un pago inicial de U$S 170 millones, dividido en:
1.1- U$S 35.892.766 a distribuir entre todos los acreedores verificados o admitidos a razón de U$S 30.000 para cada uno (o el monto menor verificado) y,
1.2- U$S 134.107.234 a prorrata entre todos ellos;
2°- un pago adicional a los 365 días de U$S 127 millones, a prorrata; y;
3°- un pago estimado (sujeto a condiciones) en U$S 165 millones a los 12 años del pago inicial, el cual no sería hecho por la concursada sino por los interesados estratégicos.
VALORACIONES
La Cámara tiene en cuenta que "tanto a los trabajadores directos de la concursada como a sus proveedores y a la sociedad en general, les conviene que se mantenga en funcionamiento una empresa que como tal ha generado riqueza y probablemente lo seguirá haciendo, no solo para sí, sino para quienes se vinculan directa o indirectamente con ella".
También menciona "la relevancia económica y social de Vicentin saic", lo que también "ha sido destacada por nuestra Corte local en la resolución de fecha 29/11/22", cuando rechazó el pedido de avocación incoado por Commodities.
Reconoce la Cámara que "podrá retrucarse que la cesación de pagos ha generado grandes pérdidas en sus acreedores perjudicados por el concurso, lo que es indudablemente cierto, pero ello no nos puede tapar la trayectoria de una empresa de casi 95 años de historia que ha servido para el progreso económico y social de la región y del país, y que de lograr re-encaminar su funcionamiento, podrá seguir generando riqueza".
También opina la Cámara sobre "el beneficio para la sociedad y para la economía regional y nacional" el hecho de que Vicentin continúe su actividad industrial, que eso "es preferible a su cese".
Sabe la Cámara que por el acuerdo que avala, muchos de los activos de Vicentín saic serán cedidos a otras empresas, "pero dichas cesiones son una forma de continuidad en la producción y además -según la propuesta y los contratos celebrados, Vicentin saic también subsistirá trabajando a fazón por al menos 12 años".
Entienden los camaristas que "la envergadura y características de la concursada nos hacen pensar que la única manera de evitar el desguace y la venta en moneda de quiebra, la constituye la homologación del acuerdo".
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NO AL CRAMDOWN
La Cámara analizó negativamente el brevísimo período de salvataje que el fallo de primera instancia había abierto para la empresa concursada. En ese lapso que estuvo vigente por la sentencia de primera instancia, entre el 18 y el 28/09/2023, "ningún interesado se había inscripto, con lo que la hipótesis de una quiebra aparecía con muchas probabilidades".
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LO PRINCIPAL
La misma Cámara indica en su sentencia, que el análisis principal que hicieron tiene que ver con la opinión del juez de la primera instancia, acerca del supuesto "abuso" de Vicentín saic en la "desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada", lo que no observan. Entienden que sería el único impedimento para rechazar la homologación del acuerdo.
Explica la Cámara que, al ser "incapaz" Vicentín de generar un ofrecimiento a sus acreedores para afrontar la crisis con recursos propios o aportes de sus socios, "encontró la alternativa de que sean tres reconocidas empresas (ACA, Viterra y Bunge) las que aportarán fondos para la propuesta en debate, a cambio de quedarse con todos o casi todos sus activos y/o acciones". Y eso lo consideran legal, con el acuerdo mayoritario de los acreedores.
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EL ACUERDO HOMOLOGADO POR LA CÁMARA
Los interesados estratégicos (Bunge, ACA y Viterera) aportarán U$S 591 millones de dólares, de los cuales hasta 462 irían destinados a los acreedores quirografarios y a ciertas contingencias previstas, y el resto a gastos y honorarios del concurso y a acreedores privilegiados.
Cita que las consultoras BA Advisors y SMS, han valuado que en caso de liquidación de Vicentin saic, haciendo un promedio de los valores máximos y mínimos estimados, se obtendrían U$S 320 millones. Es decir que los interesados estratégicos estarían inyectando U$S 271 millones más (un 84,68% más) para todo propósito (acreedores quirografarios y privilegiados, gastos y honorarios del concurso, contingencias) de lo que es esperable obtener en un escenario de quiebra. Consecuentemente, este escenario falencial (en el que incidirían negativamente también los pasivos laborales, actualmente inexistentes) no parece poder satisfacer los intereses de los acreedores de una mejor forma que la propuesta sujeta a homologación.
"Tampoco luce probable que en el marco de un supuesto periodo de salvataje surja una propuesta que supere el aporte de U$S 591 millones para una empresa en marcha valuada -en el mejor de los casos, según las consultoras- en U$S 425 millones", analizaron los camaristas.
Refieren que "normalmente, en el mundo de los negocios, nadie paga algo más de lo que vale".
Habiendo un acuerdo mayoritario, creen los camaristas que "no corresponde que el Estado (a través del Poder Judicial) se inmiscuya en su esfera de libertad patrimonial".
Y en cuanto a los acreedores disidentes, destaca que "de los 602 acreedores quirografarios que no prestaron conformidad a la propuesta, de aprobarse ésta, 211 cobrarían el 100% de sus créditos, dolarizados, ya con el pago del anticipo. A su vez, contaríamos 356 acreedores que percibirían el 50% o más de sus acreencias (incluyendo los 211 antes mencionados)".
"Entre los 246 acreedores no conformes que cobrarían menos del 50% de sus créditos, muchos de ellos se ven total o parcialmente beneficiados por efecto de la dolarización de los créditos verificados en pesos, que serían convertidos a $ 60,778 por dólar (entre ellos la apelante Commodities s.a., que tiene una porción de su crédito verificado en pesos).
Resalta que "La importancia de esta forma de dolarización, radica en que preserva a estos créditos de la desvalorización monetaria en un momento macroeconómico, bastante prolongado desgraciadamente, en cual la inflación produce estragos en las deudas en pesos a plazo. Si esos créditos se mantuvieran en moneda de curso legal, la propuesta requeriría de altísimas tasas de interés tendentes a compensar la escoria inflacionaria, a fin de evitar una severa licuación, tasas difíciles de encontrar hoy en día en el ámbito judicial, y más raras aún en las propuestas concursales".
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LOS NÚMEROS DE LA CÁMARA
Para graficar lo expuesto, mencionan que "hubo 583 acreedores en pesos que no dieron conformidad por un total de $12.902.551.441.- En virtud de la conversión a dólares de sus créditos a $60,778, sus acreencias se transformarían en U$S 212.289.833, que nuevamente pesificados a $837,25 (tipo de cambio BNA ref. 3500 al 20/02/24), representan $177.739.662.679.-, es decir, un incremento en pesos de 1.377% en 4 años. Ese porcentaje de incremento empata la inflación sufrida en esos mismos 4 años en el país".
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LA BALANZA
Luego de analizar las posibles alternativas, concluye la Cámara que "La balanza se inclina más a favor de la homologación si computamos el interés de los trabajadores, de los comerciantes, de los productores y de las empresas interesados en la continuidad del funcionamiento de Vicentin saic".
Reconoce el tribunal que Vicentín podría haber hecho una mejor propuesta, pero la homologada, "está lejos de contrariar los fines del ordenamiento jurídico o de exceder los límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenas costumbres".
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BANCO NACIÓN
Explica el tribunal que "el Banco de la Nación Argentina no goza de un tratamiento especial en nuestra ley por el hecho de ser una entidad financiera pública"; no obstante, en atención a la observación formulada por el presidente de la Corte Provincial, Rafael Gutiérrez, en la sentencia del 29/11/2022, al Banco Nación "le resulta conveniente la homologación, hallándose comparativamente en mejor situación que la gran mayoría de los acreedores".
Explican que "sus acreencias han sido admitidas por U$S 225.179.482 con privilegio especial, y por U$S 71.664.940 como acreedor quirografario, totalizando así U$S 296.844.422.- Así, el crédito quirografario que se vería afectado por la propuesta representa el 24,14% del total que se le debe. El resto (más del 75%) deberá ser atendido íntegramente (o renegociado, lo que conlleva el necesario acuerdo del BNA) por la concursada. Además, ante un escenario de quiebra es posible que el BNA pierda el asiento de su privilegio (al menos lo que recae sobre la facturación de la planta de etanol), o que los bienes sobre los que se asienta sean insuficientes... por lo que el escenario de continuidad aparece como el más beneficioso".
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LA CUESTION PENAL VA POR OTRO LADO
Recuerda la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, que esta vía es independiente de la penal, que se tramita por separado, donde los ex directivos de la empresa deudora están bajo proceso judicial, imputados de haber conformado una organización criminal (asociación ilícita) para cometer estafas reiteradas y administración fraudulenta.
Reconoce que puede ocurrir que ambos fueros quieran disponer medidas sobre el patrimonio de la concursada, pero "debe tenerse en cuenta en estos casos, que no hay prejudicialidad penal, ya que, en virtud de la separación existente entre empresa y empresario (algo difícil de asumir para muchas personas, aún hoy en día después de siglos de evolución sobre este temática), la inconducta -aún delictiva- del último, no resulta óbice para la solución concursal de la actividad empresaria. Ello sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse sobre la persona del empresario deshonesto, incluyendo la condena penal: "la apreciación que de ello pudiera hacerse en sede penal para fundar un auto de procesamiento y pedido de detención, o incluso llegarse a condenaciones, no es ni puede ser la misma en sede concursal; pues, como ya fuera explicitado, el concurso preventivo se abre por la sola constatación objetiva del estado de cesación de pagos sin consideraciones de índole subjetiva como son las intenciones o designios perseguidos y en mira a la protección de la empresa, no de los empresarios que, en su caso, también habrían de eventualmente responder civilmente, en forma personal, como accionistas o administradores, incluso fuera de un escenario de quiebra".
Explican que en un Concurso Preventivo de Acreedores, "se trata de conservar la empresa".
Repiten "la enseñanza" de Héctor Cámara: "Hay que apoyar y favorecer el concurso preventivo para las empresas potables de perdurar: no interesa que el titular omitió algún requisito formal o incurrió en inconducta, sin perjuicio de las sanciones punitivas de que pudiera ser pasible. Es menester separar al "hombre" de la "empresa".
Todas las repercusiones del fallo podés escucharlos de 16:00 a 20:00 en la tarde de Radio HOY FM 96.9. También podés escucharnos desde tu celular, tablet o computadora, haciendo clic aquí: https://www.reconquistahoy.com/radio-en-vivo/
A continuación, el "NO" de la Cámara para que la Corte estudie el caso.
Producción periodística y redacción: ReconquistaHOY
