La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe resolvió este martes 22 de octubre de 2024, admitir el estudio del Recurso de Inconstitucionalidad del Grupo Commodities, que quiere frenar la homologación del Concurso de Acreedores logrado por Vicentín saic con la mayoría de los acreedores.
Commodities fue a la Corte en queja planteando vicios inconstitucionales, luego de que la Cámara de Apelaciones de Reconquista no dio lugar a su planteo. La Corte aceptó dedicarse al estudio y ahora deberá dictar sentencia.
El grupo Commodities (de la familia Grassi, uno de los principales acreedores privados) plantea que en la propuesta de Vicentín saic no se respeta el principio de igualdad en la distribución de pérdidas entre los acreedores.
De homologar el Poder Judicial el acuerdo que propone Vicentín, los acreedores con deudas menores a 30.000 dólares recibirían el total de sus créditos, de inmediato, mientras que aquellos con deudas mayores, enfrentarían quitas significativas, recibiendo más de 150 acreedores el 19,55% de la acreencia perfectamente verificada. Descontando impuestos, honorarios y otros gastos, les quedaría "como máximo, un 15%" y lo cobrarían en un plazo de hasta 12 años y "sin que se hubiera contemplado el transcurso de cuatro años de intereses corridos y futuros".
La empresa en queja sostiene que esta situación generaría desigualdad; y ganaría la postura de Vicentín, que manipuló el proceso para obtener una votación favorable, utilizando a los acreedores más pequeños.
Commodities remarca que en los procesos de ejecución colectiva, se regula la relación del deudor con sus acreedores, impidiendo que el deudor otorgue ventajas a unos en perjuicio de los demás, y actúa sobre la relación de los acreedores entre sí, prohibiendo que se aventajen entre ellos. Y Vicentín no utilizó alternativas legales para atenuar el principio mencionado, ya que ofreció a todos los acreedores quirografarios un pago igualitario de 30.000 dólares, sin distinción sobre el monto de sus créditos.
Y otra injusticia que reprocha, es que los que cobrarían la totalidad de su crédito de forma inmediata, votaron en la misma categoría que el resto. Denuncia allí otra desigualdad.
Sostiene que Vicentín utilizó a los acreedores más pequeños para influir en la votación a favor de su propuesta, generando una desigualdad que la ley cuestiona, mediante una maniobra que la describe como "intencional y deliberada".
La novedad de este 22 de octubre de 2024 es que la Corte aceptó estudiar el caso, en un fallo que tiene la firma de los jueces Rafael Gutiérrez (presidente), Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Mario Netri y Eduardo Spuler. En disidencia votó la Dra. María Angélica Gastaldi.
Ahora hay que ver cuánto tiempo se toma la Corte santafesina para dar su veredicto.
¿Sorprende esta decisión de la Corte, de analizar la posible inconstitucionalidad de la homologación del acuerdo de Vicentín con sus acreedores?
A nadie que está en esas lides puede sorprender, porque lo más lógico es que un concurso de este nivel de deuda (1.500 millones de dólares, histórico) llegue a los más altos tribunales de la provincia (ahora) y luego a la Corte Nacional.
¿En qué impacta esta decisión?
En que se demora más la posibilidad de cobro de parte de los acreedores, ya que los posibles compradores ya advirtieron que no pondrán un peso hasta que el acuerdo quede definitivamente homologado.
A continuación, la sentencia de la Corte santafesina en la que admite estudiar el caso.
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HISTORIAL
Vicentin saic solicitó la apertura del Concurso de Acreedores el 10 de febrero de 2020, y el Poder Judicial se lo admitió el 5 de marzo de 2020.
15 SEPTIEMBRE 2023
Ese día, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó el acuerdo de Vicentín saic con el paquete mayoritario de sus acreedores, y abrió el período de salvataje de la empresa, lo que se conoce como el Cramdown, para evitar la quiebra. Con esta sentencia de primera instancia, los dueños de la empresa perdían el período de exclusividad para negociar la venta. Vicentín apeló.
6 MARZO 2024
Ese día, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista dio a conocer su veredicto en el que resolvió homologar el acuerdo alcanzado por Vicentín saic con la mayoría de sus acreedores, en el marco del correspondiente Concurso Preventivo de Acreedores. El primer voto fue emitido por el juez Santiago Dalla Fontana, a lo que adhirió su colega Mauricio Sánchez. Al haber ya dos votos coincidentes, el tercer juez del caso, Alejandro Román, se abstuvo.
22 DE OCTUBRE 2024
La Corte admitió la Queja del grupo acreedor Commodities, que sostiene vicios inconstitucionales en la sentencia de la Cámara que homologó el acuerdo de Vicentín saic con la mayoría de sus acreedores. Ahora decide la Corte.
DETALLES DEL "NO" DE LORENZINI Y EL "SI" DE LA CÁMARA
EL "NO" DEL JUEZ DE LA 1a INSTANCIA
El 15 de septiembre de 2023, el juez de primera instancia, Fabián Lorenzini, había rechazado el acuerdo de Vicentín saic con la mayoría de los acreedores, por considerarlo "abusivo".
Más allá de reconocer que Vicentín había logrado el acuerdo con las mayorías que exige la Ley de Concursos, no era suficiente si no se tutelaban adecuadamente otros intereses que subyacen en la finalidad del concurso preventivo.
Tuvo en cuenta en ese fallo de primera instancia (ahora revocado) que el eventual resultado del dividendo de liquidación calculado con base en este acuerdo alcanzado por las partes, 816 acreedores cobrarían el 100% de sus acreencias con el anticipo de 30.000 dólares; que con el segundo desembolso, al año, 117 acreedores más cobrarían entre el 99 y 80% de sus créditos verificados; que 63 acreedores percibirían entre el 79 y el 70% de sus acreencias; que 83 de ellos embolsarían entre el 69 y el 60%; que 92 cobrarían entre el 59 y el 50%; que 97 acreedores percibirían entre el 49 y el 40%; y que 424 percibirían menos de ese 40% de sus créditos verificados.
En el punto neurálgico del análisis del Dr. Lorenzini, juzgó que lo que le impedía homologar la propuesta era "la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada", pues generaría "una transferencia injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 (días) de la propuesta".
Remarcó además una situación asimétrica entre los acreedores socios y los acreedores no socios; que no resulta aceptable que los saldos de capital impago no generasen ninguna rentabilidad; que el valor final del precio de recompra de las acciones fideicomitidas estaría sujeto a contingencias; y que los certificados de participación en el fideicomiso no son transmisibles, ni generan dividendos, ni cuentan con incentivos ante una espera de 12 años.
El fallo ahora revocado por la Cámara, finalmente, cuestionó el funcionamiento del fideicomiso propuesto para la capitalización en acciones de la concursada, ello en relación con los acreedores, sobre cuyos hombros se hace descansar contingencias empresariales.
La sentencia de primera instancia había sido apelada por Vicentin saic, por Commodities s.a.; y por el Banco Nación Argentina. Finalmente, el BNA desistió de su apelación, y siguieron en carrera solo las posiciones de Vicentín y Commodities, sobre lo que ahora se expidió la Cámara, revocando la sentencia de Lorenzini, rechazando la posición de Commodities y dando lugar al planteo de Vicentín saic.
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LA POSICIÓN DE UN GRAN ACREEDOR
Commodities s.a. (del Grupo Grassi de Rosario) sostiene que el acuerdo propuesto por Vicentín, carga sobre la espalda de los acreedores de mayor cuantía el peso del default, imponiéndoseles una quita irrazonable, excesiva y abusiva, sin pago de intereses sobre los saldos diferidos. Cuestionó otras cosas también, sin éxito.
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LA POSTURA DE VICENTÍN
Vicentín apeló a la Cámara agraviado por la sentencia de primera instancia. Sostuvo que los intereses del Concurso están "salvaguardados", haciendo hincapié en la continuidad de la empresa, en la conservación de las fuentes de trabajo y en la elaboración de una propuesta de pago seria, razonable y cumplible.
Sostuvo que no incurrió ni en abusos ni en fraude a la ley; y que un Concurso de Acreedores no se resuelve legalmente sobre el interés particular de algunos acreedores, porque en estos casos, la controversia se resuelve con el doble régimen de mayorías (el acuerdo debe ser prestado por al menos el 50% de los acreedores, quienes deben representar al menos el 66% del total de la deuda acreditada, y eso se cumplió).
También expuso la empresa deudora que la opinión del juez Lorenzini sobre el sacrificio que el acuerdo impone a los acreedores "carece de la más mínima relevancia a la hora de resolver la homologación", ya que son las mayorías legales las que deciden qué sacrificio están dispuestas a soportar.
Vicentín alegó que no existe una regla que pueda determinar lo que es abusivo en la quita sobre la deuda y los plazos de pago acordados, por lo que lo resuelto por el Dr. Lorenzini no era justo, porque en su sentencia no demostró ni el abuso ni el fraude en la propuesta de la concursada.
Tampoco aceptó Vicentín la crítica del Dr. Lorenzini a las "supuestas debilidades" que encontró en el acuerdo.
Remarcó la concursada que los acreedores que subsistan como tales luego de los pagos iniciales, capitalizarán su acreencia como accionistas fiduciantes.
También criticó que el juez de la primera instancia pasó por alto cuestiones elementales de los informes de la Sindicatura, como el valor de la empresa en marcha y en liquidación, puesto que, ante un escenario de liquidación, acrecentarían el pasivo los créditos originados por la extinción de 1.200 contratos de trabajo, además de otras contingencias.
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LA POSICIÓN DEL FISCAL
Es importante conocer la posición del Fiscal de Cámaras. Y aquí es noticia que el Dr. Miguel Molinari se expresó por el rechazo de la posición de la acreedora Commodities s.a., favoreciendo los intereses de la deudora.
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EL VEREDICTO DE LA CÁMARA
El veredicto de la Cámara fue escrito por el juez Santiago Dalla Fontana, a cuyas posiciones adhirió siempre el Dr. Mauricio Sánchez con su segundo voto, el que confirmó la mayoría de la sentencia, haciendo innecesario el tercer voto que estaba asignado al Dr. Román, quien integró la Cámara de Apelaciones para reemplazar a la jueza María Eugenia Chapero, quien se excusó por su relación de amistad con varios directores de la empresa deudora.
Sostiene el fallo de Cámara: "Que un acuerdo preventivo tenga luces y sombras a criterio del juzgador, no basta para catalogarlo de abusivo, y menos aún de fraudulento".
Reconoce que "la ley ampara que la empresa concursada (en cesación de pagos) imponga pagos parciales a los acreedores quirografarios minoritarios (que no prestaron conformidad a la propuesta) u otras soluciones".
Menciona la Cámara que "los socios de Vicentin saic no han querido o no han podido en lo inmediato ni en lo mediato aportarle a la sociedad la liquidez necesaria para salir del estado de cesación de pagos; y lo cierto es que no están legalmente obligados a hacerlo con su dinero personal, no pudiendo los acreedores atacar el patrimonio de esos socios por no haber dotado de liquidez a la sociedad para pagar íntegra y puntualmente sus deudas. Ante ese escenario, la alternativa a su propia quiebra presentada por Vicentin saic en este proceso, consiste en una propuesta que a la larga conlleva la cesión de la titularidad de la sociedad y sus activos (salvo un 5% de sus acciones que conservarían los antiguos socios) a los siguientes interesados estratégicos: Asociación de Cooperativas Argentinas, Viterra Argentina s.a.; y Bunge Argentina s.a.. A cambio de dicha cesión, estos interesados estratégicos ofrecen para los acreedores quirografarios una suma total aproximada de 462 millones de dólares a pagar de la siguiente forma:
1°- un pago inicial de U$S 170 millones, dividido en:
1.1- U$S 35.892.766 a distribuir entre todos los acreedores verificados o admitidos a razón de U$S 30.000 para cada uno (o el monto menor verificado) y,
1.2- U$S 134.107.234 a prorrata entre todos ellos;
2°- un pago adicional a los 365 días de U$S 127 millones, a prorrata; y;
3°- un pago estimado (sujeto a condiciones) en U$S 165 millones a los 12 años del pago inicial, el cual no sería hecho por la concursada sino por los interesados estratégicos.
VALORACIONES
La Cámara tiene en cuenta que "tanto a los trabajadores directos de la concursada como a sus proveedores y a la sociedad en general, les conviene que se mantenga en funcionamiento una empresa que como tal ha generado riqueza y probablemente lo seguirá haciendo, no solo para sí, sino para quienes se vinculan directa o indirectamente con ella".
También menciona "la relevancia económica y social de Vicentin saic", lo que también "ha sido destacada por nuestra Corte local en la resolución de fecha 29/11/22", cuando rechazó el pedido de avocación incoado por Commodities.
Reconoce la Cámara que "podrá retrucarse que la cesación de pagos ha generado grandes pérdidas en sus acreedores perjudicados por el concurso, lo que es indudablemente cierto, pero ello no nos puede tapar la trayectoria de una empresa de casi 95 años de historia que ha servido para el progreso económico y social de la región y del país, y que de lograr re-encaminar su funcionamiento, podrá seguir generando riqueza".
También opina la Cámara sobre "el beneficio para la sociedad y para la economía regional y nacional" el hecho de que Vicentin continúe su actividad industrial, que eso "es preferible a su cese".
Sabe la Cámara que por el acuerdo que avala, muchos de los activos de Vicentín saic serán cedidos a otras empresas, "pero dichas cesiones son una forma de continuidad en la producción y además -según la propuesta y los contratos celebrados, Vicentin saic también subsistirá trabajando a fazón por al menos 12 años".
Entienden los camaristas que "la envergadura y características de la concursada nos hacen pensar que la única manera de evitar el desguace y la venta en moneda de quiebra, la constituye la homologación del acuerdo".
NO AL CRAMDOWN
La Cámara analizó negativamente el brevísimo período de salvataje que el fallo de primera instancia había abierto para la empresa concursada. En ese lapso que estuvo vigente por la sentencia de primera instancia, entre el 18 y el 28/09/2023, "ningún interesado se había inscripto, con lo que la hipótesis de una quiebra aparecía con muchas probabilidades".
LO PRINCIPAL
La misma Cámara indica en su sentencia, que el análisis principal que hicieron tiene que ver con la opinión del juez de la primera instancia, acerca del supuesto "abuso" de Vicentín saic en la "desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada", lo que no observan. Entienden que sería el único impedimento para rechazar la homologación del acuerdo.
Explica la Cámara que, al ser "incapaz" Vicentín de generar un ofrecimiento a sus acreedores para afrontar la crisis con recursos propios o aportes de sus socios, "encontró la alternativa de que sean tres reconocidas empresas (ACA, Viterra y Bunge) las que aportarán fondos para la propuesta en debate, a cambio de quedarse con todos o casi todos sus activos y/o acciones". Y eso lo consideran legal, con el acuerdo mayoritario de los acreedores.
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EL ACUERDO HOMOLOGADO POR LA CÁMARA
Si queda firme el acuerdo (que tiene pendiente más batallas judiciales) los interesados estratégicos Bunge, ACA y Viterera aportarán 591 millones de dólares, de los cuales hasta 462 irían destinados a los acreedores quirografarios y a ciertas contingencias previstas, y el resto a gastos y honorarios del concurso y a acreedores privilegiados.
Cita que las consultoras BA Advisors y SMS, han valuado que en caso de liquidación de Vicentin saic, haciendo un promedio de los valores máximos y mínimos estimados, se obtendrían U$S 320 millones. Es decir que los interesados estratégicos estarían inyectando 271 millones de dólares más (un 84,68% más) para todo propósito (acreedores quirografarios y privilegiados, gastos y honorarios del concurso, contingencias) de lo que es esperable obtener en un escenario de quiebra. Consecuentemente, este escenario falencial (en el que incidirían negativamente también los pasivos laborales, actualmente inexistentes) no parece poder satisfacer los intereses de los acreedores de una mejor forma que la propuesta sujeta a homologación.
"Tampoco luce probable que en el marco de un supuesto periodo de salvataje surja una propuesta que supere el aporte de 591 millones de dólares para una empresa en marcha valuada -en el mejor de los casos, según las consultoras- en 425 millones de dólares", analizaron los camaristas.
Refieren que "normalmente, en el mundo de los negocios, nadie paga algo más de lo que vale".
Habiendo un acuerdo mayoritario, creen los camaristas que "no corresponde que el Estado (a través del Poder Judicial) se inmiscuya en su esfera de libertad patrimonial".
Y en cuanto a los acreedores disidentes, destaca que "de los 602 acreedores quirografarios que no prestaron conformidad a la propuesta, de aprobarse ésta, 211 cobrarían el 100% de sus créditos, dolarizados, ya con el pago del anticipo. A su vez, contaríamos 356 acreedores que percibirían el 50% o más de sus acreencias (incluyendo los 211 antes mencionados)".
"Entre los 246 acreedores no conformes que cobrarían menos del 50% de sus créditos, muchos de ellos se ven total o parcialmente beneficiados por efecto de la dolarización de los créditos verificados en pesos, que serían convertidos a $ 60,778 por dólar (entre ellos la apelante Commodities s.a., que tiene una porción de su crédito verificado en pesos).
Resalta que "La importancia de esta forma de dolarización, radica en que preserva a estos créditos de la desvalorización monetaria en un momento macroeconómico, bastante prolongado desgraciadamente, en cual la inflación produce estragos en las deudas en pesos a plazo. Si esos créditos se mantuvieran en moneda de curso legal, la propuesta requeriría de altísimas tasas de interés tendentes a compensar la escoria inflacionaria, a fin de evitar una severa licuación, tasas difíciles de encontrar hoy en día en el ámbito judicial, y más raras aún en las propuestas concursales".
LOS NÚMEROS DE LA CÁMARA
Para graficar lo expuesto, mencionan que "hubo 583 acreedores en pesos que no dieron conformidad por un total de $12.902.551.441.- En virtud de la conversión a dólares de sus créditos a $60,778, sus acreencias se transformarían en U$S 212.289.833, que nuevamente pesificados a $837,25 (tipo de cambio BNA ref. 3500 al 20/02/24), representan $177.739.662.679.-, es decir, un incremento en pesos de 1.377% en 4 años. Ese porcentaje de incremento empata la inflación sufrida en esos mismos 4 años en el país".
LA BALANZA
Luego de analizar las posibles alternativas, concluye la Cámara que "La balanza se inclina más a favor de la homologación si computamos el interés de los trabajadores, de los comerciantes, de los productores y de las empresas interesados en la continuidad del funcionamiento de Vicentin saic".
Reconoce el tribunal que Vicentín podría haber hecho una mejor propuesta, pero la homologada, "está lejos de contrariar los fines del ordenamiento jurídico o de exceder los límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenas costumbres".
BANCO NACIÓN
Explica el tribunal que "el Banco de la Nación Argentina no goza de un tratamiento especial en nuestra ley por el hecho de ser una entidad financiera pública"; no obstante, en atención a la observación formulada por el presidente de la Corte Provincial, Rafael Gutiérrez, en la sentencia del 29/11/2022, al Banco Nación "le resulta conveniente la homologación, hallándose comparativamente en mejor situación que la gran mayoría de los acreedores".
Explican que "sus acreencias han sido admitidas por U$S 225.179.482 con privilegio especial, y por U$S 71.664.940 como acreedor quirografario, totalizando así U$S 296.844.422.- Así, el crédito quirografario que se vería afectado por la propuesta representa el 24,14% del total que se le debe. El resto (más del 75%) deberá ser atendido íntegramente (o renegociado, lo que conlleva el necesario acuerdo del BNA) por la concursada. Además, ante un escenario de quiebra es posible que el BNA pierda el asiento de su privilegio (al menos lo que recae sobre la facturación de la planta de etanol), o que los bienes sobre los que se asienta sean insuficientes... por lo que el escenario de continuidad aparece como el más beneficioso".
LA CUESTION PENAL VA POR OTRO LADO
Recuerda la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, que esta vía es independiente de la penal, que se tramita por separado, donde los ex directivos de la empresa deudora están bajo proceso judicial, imputados de haber conformado una organización criminal (asociación ilícita) para cometer estafas reiteradas y administración fraudulenta.
Reconoce que puede ocurrir que ambos fueros quieran disponer medidas sobre el patrimonio de la concursada, pero "debe tenerse en cuenta en estos casos, que no hay prejudicialidad penal, ya que, en virtud de la separación existente entre empresa y empresario (algo difícil de asumir para muchas personas, aún hoy en día después de siglos de evolución sobre este temática), la inconducta -aún delictiva- del último, no resulta óbice para la solución concursal de la actividad empresaria. Ello sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse sobre la persona del empresario deshonesto, incluyendo la condena penal: "la apreciación que de ello pudiera hacerse en sede penal para fundar un auto de procesamiento y pedido de detención, o incluso llegarse a condenaciones, no es ni puede ser la misma en sede concursal; pues, como ya fuera explicitado, el concurso preventivo se abre por la sola constatación objetiva del estado de cesación de pagos sin consideraciones de índole subjetiva como son las intenciones o designios perseguidos y en mira a la protección de la empresa, no de los empresarios que, en su caso, también habrían de eventualmente responder civilmente, en forma personal, como accionistas o administradores, incluso fuera de un escenario de quiebra".
Explican que en un Concurso Preventivo de Acreedores, "se trata de conservar la empresa".
Repiten "la enseñanza" de Héctor Cámara: "Hay que apoyar y favorecer el concurso preventivo para las empresas potables de perdurar: no interesa que el titular omitió algún requisito formal o incurrió en inconducta, sin perjuicio de las sanciones punitivas de que pudiera ser pasible. Es menester separar al "hombre" de la "empresa".
La cámara impuso a Commodities s.a. que asuma las costas del proceso en esta instancia, ya que resultó perdidosa.
Disconforme con el fallo, Commodities pidió a la Cámara que admita su Recurso de Inconstitucionalidad para que el caso sea estudiado por la Corte, pero la Cámara se lo rechazó. Por eso el grupo acreedor decidió ir en Queja directamente a la Corte, donde es noticia este 22 de octubre de 2024, que el máximo tribunal de justicia de la provincia se la aceptó y se dedicará a estudiar el caso para dar su veredicto.
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Commodities s.a. (Grupo empresario de la familia Grassi) le reclama a Vicentín unos 40 millones de dólares.
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