En diálogo con Radio HOY, este lunes 7 de septiembre de 2026, el fiscal Juan Sebastián Marichal se refirió a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que anuló la sentencia que había absuelto a Luis María Ramírez y Laura Beatriz Silguero, acusados por la explotación económica del ejercicio de la prostitución de una mujer con discapacidad en Reconquista.
La Fiscalía había solicitado ocho años de prisión para Ramírez y siete para Silguero. Tras la absolución en el juicio y su posterior confirmación por la Cámara de Apelaciones, Marichal sostuvo el planteo hasta llegar a la Corte. Ahora, la causa deberá continuar ante un nuevo tribunal, que tendrá que dictar una nueva sentencia.
Durante la comunicación, el fiscal repasó algunos de los principales puntos que, a su criterio, fueron valorados de manera incorrecta en las instancias anteriores y que terminaron siendo considerados por la Corte al momento de anular la resolución.
LAS DECLARACIONES DE LA VÍCTIMA
Marichal explicó que, antes del juicio, la mujer había sido evaluada por una junta médica integrada por profesionales de la salud y de la Fiscalía, que había determinado que no se encontraba en condiciones de prestar declaración, ni siquiera mediante una cámara Gesell.
Sin embargo, durante el juicio, el abogado asistente de la víctima, el Dr. Andrés Ghio, invocó su derecho a ser escuchada en esa condición, independientemente de la evaluación médica que había determinado que no se encontraba en condiciones de prestar testimonio. A partir de ese planteo, se habilitó que se le formularan preguntas, algo que Marichal cuestionó al sostener que la Fiscalía tuvo limitaciones para realizar "muchas" de ellas, mientras que se dio mayor margen a la otra parte. "Eso obviamente lo apelamos, pues nos pareció injusto", apuntó.
También cuestionó que en las dos instancias anteriores se haya tomado de manera literal lo expresado por la mujer durante el juicio, sin considerar el contexto en el que se produjo esa declaración, su situación de discapacidad y lo que la Fiscalía definió como un contexto de retractación.
"Creemos que las dos instancias fueron muy literales con lo dicho", sostuvo.
El fiscal remarcó además que, desde su perspectiva, la mujer ni siquiera había sido incorporada como testigo, por lo que sus dichos no podían ser valorados de la misma manera que un testimonio directo. En cambio, consideró que debían analizarse junto con el resto de los indicios incorporados a la causa.
Entre esos elementos mencionó el hecho de que sus hijos prácticamente eran criados por sus padres y que éstos últimos ejercían un dominio importante sobre su vida.
"Había que entender otros indicios, que fueron los que la Corte entendió que no se habían valorado", añadió.
LAS AMENAZAS QUE HABÍA RELATADO
Marichal confirmó que la mujer había sido entrevistada previamente por la Agencia de Trata que intervino.
Según explicó, en esa oportunidad la víctima había manifestado que era explotada económicamente con el dinero que obtenía mediante el ejercicio de la prostitución y que había recibido amenazas de muerte relacionadas con sus hijos.
Marichal aclaró que esas manifestaciones no pudieron ser reproducidas posteriormente en una cámara Gesell ni mediante una declaración testimonial formal debido a la evaluación médica que había determinado que la mujer no estaba en condiciones de declarar.
EL CONSENTIMIENTO, UNO DE LOS PUNTOS DISCUTIDOS
Otro de los aspectos centrales del planteo de la Fiscalía fue la interpretación del delito de explotación de la prostitución y el peso que se le otorgó al supuesto consentimiento de la víctima.
Marichal sostuvo que el delito "se configura independientemente del consentimiento en sí o no de la víctima".
"No requiere consentimiento y explotar es ganar rédito económico, obtener el lucro, la ganancia", afirmó.
En ese sentido, sostuvo que durante el proceso había quedado acreditado que la mujer no manejaba directamente el dinero que obtenía y que este era administrado por sus padres.
Para la Fiscalía, ese elemento era relevante para demostrar la existencia de una explotación económica. Marichal aclaró, de todos modos, que no planteaba que los acusados fueran "regenteadores sistemáticos de la prostitución de terceros", sino que se trataba de un caso concreto vinculado con la situación de la propia víctima.
EL "ERROR DE PROHIBICIÓN"
Marichal también cuestionó la aplicación del denominado "error de prohibición", una figura que fue considerada en las instancias anteriores.
Según explicó, esa interpretación contemplaba la posibilidad de que los acusados hubieran creído que su conducta no estaba prohibida o que no comprendieran que estaban haciendo algo incorrecto.
La Fiscalía consideró que esa cuestión no podía utilizarse directamente para descartar la existencia del delito. Para Marichal, primero debía analizarse si efectivamente existió un error y, en ese caso, determinar si era evitable o inevitable.
"Creer o no que lo que estás haciendo está bien o naturalizarlo" no debería, según su planteo, llevar directamente a descartar la existencia del delito, sino que eventualmente podría tener incidencia en la determinación de la pena.
LA CORTE TAMBIÉN ORDENÓ REVISAR LO OCURRIDO DURANTE EL JUICIO
Consultado sobre los cuestionamientos formulados por la Corte respecto del desarrollo del juicio, Marichal defendió el trabajo realizado por su equipo y recordó que sostuvieron el planteo hasta llegar a la Corte, aun cuando -según explicó- no tenían obligación de llevar el caso hasta esa instancia.
"Nos han mandado a investigar a todas las partes. Si tienen que revisar a la Fiscalía, van a encontrar que litigamos hasta la Corte aún sin tener obligación de ir a la Corte, pero lo hicimos hasta el último momento y no deberían hacer ningún tipo de reproche", fue lo que consideró.
Ahora, con la resolución de la Corte, la causa deberá ser revisada por un nuevo tribunal, que tendrá que analizar nuevamente la prueba y dictar una nueva sentencia.
